Crisis en la frontera colombo-venezolana. Más de 4.000 venezolanos de la población de La Victoria, en el fronterizo estado de Apure, tuvieron que huir hacia Colombia, llevando solo lo que tenían puesto. Jamás en esos lares habían vivido escenas de esta magnitud tras los enfrentamientos protagonizados –según el Gobierno colombiano– por disidentes de las FARC y el Ejército venezolano.
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Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, hace mutis, acusa al presidente colombiano, Iván Duque, de querer externalizar una guerra con apoyo de Estados Unidos. Lo cierto es que la Iglesia está en la primera línea de batalla. Su mayor interés: los más vulnerables.
Pablo Modesto González, obispo de Guasdualito, jurisdicción eclesial epicentro del conflicto, activó una alerta con un comunicado: “Dios quiere que defendamos la vida y que busquemos caminos de entendimiento que posibiliten la dignidad de todos, no quiere que se imponga la paz desde la violencia”. Y prosigue: “Sé que todos los actores de esta contienda creen en Dios y acuden a su cuidado en todo momento. Apelo a su sensatez para crear caminos de solución, sin derramamiento de sangre, por el bien de los lugareños que, siendo personas sencillas y de reconocido compromiso con la producción agropecuaria, muchas veces, son las principales víctimas de estos eventos”.
Crisis humanitaria
Por su parte, Héctor Fabio Henao, director de Cáritas Colombia, en nombre de los obispos, pidió solidarizarse con “los hermanos que deben cruzar la frontera”, porque “se ha creado una verdadera crisis humanitaria tanto en Arauca como en Arauquita; allí tenemos personas que requieren protección internacional y personas colombianas que retornan después de haber vivido por años en Venezuela”.
Por tanto, “como Iglesia, clamamos por una atención integral por parte del Estado, clamamos también por una atención desde la comunidad internacional”. El sacerdote ha recordado a todos los colombianos la necesidad de practicar los cuatro verbos del papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar, ya que “un número importante de familias han estado cruzando la frontera durante el mes de marzo y sienten la urgente necesidad de que se les brinden mecanismos de integración”.
Henao ha secundado el reconocimiento que el propio Francisco hizo al Gobierno colombiano “al decretar el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes provenientes de Venezuela”. Por ello, “estamos en la tarea de apoyar ese esfuerzo, pero, al mismo tiempo, sabemos que todavía quedan nuevos retos de personas que están entrando después de que fuera lanzado dicho estatuto, y que esta población va a requerir una atención urgente”.
Al respecto, lanza la invitación a las autoridades “de todos los órdenes, particularmente del orden nacional, a salir al encuentro de estas personas tan necesitadas y, sobre todo, con un enfoque: son hermanos y hermanas”.
Lugar abandonado
Eduardo Soto, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, acompaña a familias vulnerables del Alto Apure y Arauca. Confiesa a Vida Nueva que esta zona ha sido un lugar “históricamente abandonado por parte de los dos gobiernos y a merced tanto de los grupos irregulares como de la delincuencia organizada”. Ellos son de las pocas organizaciones humanitarias que el régimen ha dejado trabajar sin ningún obstáculo: “Llevamos muchísimos años operando allí, los propios militares y autoridades conocen nuestro trabajo”.
El jesuita no duda en afirmar que lo ocurrido en La Victoria “está cambiando el patrón y la dinámica de la zona, porque se le está dando una atención particular basada en armas y no en civilidad ni protección social”. Por esta razón, como Iglesia, toma distancia de cualquier aseveración política para ponerse al lado de quienes más sufren los embates de este conflicto, con el fin de “animar los procesos de reconciliación, recomposición del tejido social y atender el trauma psicosocial de la población”, puesto que “es muy grande el trauma vivido por nuestra gente”.