La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha decidido enmendar la plana a los obispos y al nuncio vaticano. La política de Unidos Podemos ha escrito una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella en la que recrimina que “la Iglesia católica española está lejos de cumplir los compromisos exigidos por el Papa” en materia de abusos sexuales.
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De esta manera, la titular de Derechos Sociales contradice al embajador vaticano -en una misiva escrita antes de las declaraciones de Bernardito Auza- que en la apertura de la Plenaria defendía que “nadie puede interpretar falta de transparencia negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto”.
Equiparación europea
En la misiva, Belarra hace referencia a la nota emitida el pasado viernes desde la Secretaría General del Episcopado en la que se lamentaban las declaraciones de la ministra durante la tramitación de la ley de infancia cuando ella legó a decir que la Iglesia había sido “cómplice demasiadas veces” de agresiones sexuales a menores. En el comunicado de los obispos, se llegaba a tachar a la ministra de “ensuciar” la labor de la Iglesia con acusaciones “gravemente injustas”.
Como respuesta, en la carta la ministra echa en cara a los pastores españoles que “a diferencia de otros países europeos donde se han llevado a cabo investigaciones independientes, España no ha investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia”. “Parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos”, llega a adelantar Belarra sin aportar cifras que respalden su acusación.
Filtrar sospechas
Eso sí, desde el Ministerio, presentan como aval la base de datos publicada ayer por ‘El País’, que habla de 306 casos y 816 víctimas y recuerda que ya en 2019 la Fiscalía General del Estado pidió en un informe que “dejase de filtrar las sospechas de abusos sexuales que le llegan y las comunique directa e inmediatamente a las autoridades competentes”.
Desde ahí, Belarra le recuerda al presidente del Episcopado que “el Papa Francisco se ha mostrado en los últimos años especialmente beligerante contra esta lacra, llegando a exigir la renuncia de los obispos que encubren estos casos”.
El equipo de la ministra llama “encarecidamente” al cardenal Omella a tomar cartas en el asunto para poner “fin de inmediato” a esta lacra para “garantizar el derecho de los niños y las niñas a una vida libre de cualquier tipo de violencia, segura y feliz”. “En nuestra opinión -apuntan desde Derechos Sociales-, es precisamente la Iglesia católica, por respeto al trabajo desinteresado y de inestimable valor que realizan miles de católicos y católicas por amor a su prójimo cada día en nuestro país, la principal interesada en que todos los casos de agresiones sexuales se conozcan, así como que los agresores sean juzgados y las víctimas reparadas”.
