Migrantes con Derechos insta a la Junta Electoral a que investigue si hay delito en la propaganda xenófoba de Vox

22/04/2021 | Mateo González Alonso

La red eclesial se une a la petición formulada por más 200 entidades de diversa índole relacionadas especialmente con la protección a la infancia

La red Migrantes, integrada por Cáritas España, Justicia y Paz, CONFER y el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones se ha unido a las declaraciones de la Fundación Raíces y otras entidades de la Sociedad Civil así como a la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid sobre el polémico cartel de VOX que compaña a los MENAS con los pensionistas. Esta agrupación considera “intolerable la instrumentalización de los niños y niñas que llegan solos y solas a España en la estrategia electoral de cualquier formación política”.

Los más vulnerables

Un polémico cartel que han condenado entidades como UNICEF España, Save the Children, Fundación Raíces, el Consejo General de la Abogacía Española, la Plataforma de Infancia, Comisión Española de Ayuda al Refugiado,Cáritas, Colectivo Caminando Fronteras, Colectivo ExMenasMadrid, Pueblos Unidos y las más de 200organizaciones “defensoras de los derechos humanos y especialmente de la infancia”. “No podemos olvidar que estos niños y niñas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por su condición de infancia, por ser extranjeros y por no tener referentes familiares en España”, declaran tajantemente.

Aseguran que “estudiarán detenidamente la adopción de medidas legales en defensa del honor de estos niños y niñas con el objetivo último de contrarrestar los bulos y los discursos de odio presentes en los mensajes que se están difundiendo a través de la propaganda electoral y las redes sociales”. Un mensaje que envían a políticos y la Justicia para “que adopten las medidas oportunas destinadas a proteger la integridad física y moral de estos niños y niñas”.

Además, reclama a “la Junta Electoral Provincial de Madrid, a que verifique si se está cometiendo un delito en materia de propaganda electoral” y poden a “la ciudadanía” que “no participe en la difusión de este tipo de mensajes ni siquiera para discutirlos”.