El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, desvela por primera vez datos oficiales de la pederastia eclesial en nuestro país
En las dos últimas décadas, el Vaticano ha investigado 220 denuncias de abusos sobre sacerdotes españoles. Así, lo desveló esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Según los datos proporcionados por Argüello, en estas dos décadas España ha contado con el servicio de 31.000 sacerdotes. Del total de presbíteros en ejercicio, Doctrina de la Fe ha abierto expedientes por denuncias en 220 casos: 144 correspondientes al clero secular -diocesanos- y 76 del clero regular -de congregaciones religiosas-. Concretando aún más, sobre los presbíteros diocesanos, 101 se han cerrado y 43 siguen abiertos. En torno a los religiosos, 50 se han resuelto y 26 siguen abiertos. En total, 151 se dan por resueltos en Roma y 69 abiertos.
Sobre el número de denuncias recibidas a lo largo de este año en las oficinas diocesanas de atención a las víctimas, señaló que “en este momento no tengo los datos puesto al día”. Aún así, apunta que se trata de “un número escaso”.
En relación al cruce de acusaciones en esta última semana con la ministra de Derechos Sociales, Argüello lamentó que Ione Belarra tachara a la Iglesia de ser “cómplice” en tanto que se trata de “una acusación grave” puesto que es “una palabra recogida en el código penal”.
“No es adecuado poner todo el foco al hablar de los abusos a la Iglesia, aun cuando para nosotros es un escándalo un solo caso”, subrayó el secretario general de los obispos, que alertó de que “tenemos un verdadero escándalo social” que afecta a ámbitos familiares, educativos y deportivos.
Aun así, en un ejercicio de autocrítica, expuso que “en este campo como en otros siempre vamos detrás del Evangelio como de lo que el Papa nos pide. Estamos en un proceso de conversión”. “Hemos podido caminar demasiado despacio y en otros tiempos, mirar para otro lado”, insistió el pastor.
Así, recordó que ya en 2001 la Iglesia dio un giro normativo al ampliar la prescripción de estos delitos que ha llegado hasta hoy, con la elaboración de un decreto general por parte del Episcopado español que esta misma semana ha recibido la “valoración” positiva de Doctrina de la Fe, con tan solo unas sugerencias sobre tres artículos.
En este empeño, los obispos españoles han dado luz verde al servicio de coordinación con las congregaciones religiosas y las oficinas de atención a víctimas, así como una apertura de diálogo y apoyo con otras entidades, tanto públicas como privadas.
Argüello subrayó los cauces abiertos con la Fiscalía General del Estado desde 2019, cuando se compartió un protocolo de colaboración para enviar de inmediato a la Justicia y a la Policía cualquier denuncia que llegue a la Iglesia cuando se le dé verosimilitud. Así, ha puesto como ejemplo, el procedimiento realizado esta misma semana en la diócesis de Murcia.
“El contacto que mantuve con el fiscal de Menores fue de mutua ayuda y cordial, en tanto que pudimos compartir toda la documentación que teníamos y fue bien recibida”, aseveró.