El Vaticano estrena nueva ley anticorrupción. El papa Francisco ha hecho público hoy un ‘motu proprio’ sobre transparencia en la gestión de las finanzas en el que exige a cardenales, directivos y personal administrativo de la Santa Sede que declaren que no tienen condenas ni investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores, trata de seres humanos o evasión fiscal.
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Asimismo, no podrán tener activos en paraísos fiscales –ni siquiera a través de terceros, salvo que familiares residan en esos países– ni invertir en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia. Además, queda terminantemente prohibido que acepten regalos por valor de más de 40 euros –una novedad que afecta a todos los empleados independientemente de su cargo–.
El Pontífice recuerda también que tendrán que firmar una declaración en el momento de su contratación y después cada dos años. Así, la Secretaría de Economía podrá investigar su veracidad y, en caso de declaraciones falsas, los empleados podrán ser despedidos y se les reclamará daños y perjuicios.
Concretar el Evangelio actuando con transparencia
La Santa Sede se adhiere de esta manera a la Convención de la ONU contra la Corrupción y se ajusta ya “a las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción en sus diversas formas”.
El ‘motu proprio’ agrega que todos “deberán garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas”.
Y es que, según Jorge Mario Bergoglio, “quienes prestan su servicio en el Vaticano tienen la responsabilidad particular de concretar la fidelidad de lo que se habla en el Evangelio, actuando según el principio de transparencia”.
Contra los contratos a dedo
Esta medida sigue a la promulgada el año pasado, cuando el Vaticano lanzó una única ley marco para todos los contratos y licitaciones vinculadas a cualquier departamento vaticano. Bajo el nombre ‘Reglas sobre transparencia, control y competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano’, viene a responder a la petición de Francisco para “promover la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de los contratos públicos firmados” por la Santa Sede y el Estado Vaticano.
De esta manera, el Vaticano buscaba borrar toda sombra de duda en torno a los claroscuros en sus finanzas y las adjudicaciones a dedo, que a lo largo de estos años ha generado unos cuantos escándalos. El más reciente, la operaciones inmobiliarias realizadas con unos pisos en Londres (en la imagen).
En la introducción de esta normativa, el Papa subrayaba cómo “en la gestión de los bienes públicos se hace necesaria ahora más que nunca la exigencia cuidada y urgente de un administración fiel y honesta”.
