Las adoratrices ‘regalan’ una ley contra la trata al Gobierno de Sánchez

06/05/2021 | Elena Magariños

La congregación ha enviado sus aportaciones a la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo, abierta por el Ministerio de Igualdad

285 víctimas de trata. Este es el número de personas atendidas en los proyectos de la Provincia Europa-África de la congregación de las religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, en plena pandemia. 252 de ellas habían sido tratadas con fines de explotación sexual; 19 para la explotación sexual y 14 para otros fines. Unos fines que, habitualmente, van desde la mendicidad hasta los matrimonios forzados.

Esta es una realidad que se da también en nuestro país. Un delito y, como las religiosas reconocen, “una grave violación de los derechos humanos” ante la cual el Ministerio de Igualdad del Gobierno de Sánchez ha abierto una consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo. Y las adoratrices han respondido: el único camino es una ley orgánica, cuyos puntos esenciales han ‘regalado’ al Ministerio Liderado por Irene Montero.

Para las adoratrices, la nueva normativa “debería tener rango de Ley Orgánica y consolidar los avances que se han producido en este ámbito en los últimos años, proporcionando un marco de obligaciones estable y dotando de coherencia al ordenamiento jurídico actual”, y así lo han expresado en el proyecto presentado ante el organismo Estatal.

Garantizar la respuesta del Estado

De esta manera, las religiosas, alineadas con la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP) de la cual forman parte, subrayan la importancia de aprobar una Ley Integral de Prevención de la Trata de Seres Humanos y Protección Integral de las todas las Víctimas con el objetivo primordial de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España “de forma coherente”, garantizando así “el cumplimiento de la obligación de diligencia debida”, particularmente en lo que concierne a la protección y asistencia a las víctimas.

Para ello, la congregación subraya en su proyecto la necesidad de “abordar de manera integral el fenómeno de la trata en todas sus formas y en toda su complejidad dando respuesta a todas las formas de trata interna o transnacionales, relacionadas o no, con la delincuencia organizada, y teniendo en cuenta que España puede ser país de origen, tránsito o destino de la persona trata”.

Ante un ordenamiento jurídico como el actual, “que contiene disposiciones sobre trata de manera fragmentada y con lagunas”, las adoratrices apuntan, asimismo, que es necesario trabajar para “superar las numerosas barreras y obstáculos a las que se enfrentan las víctimas y supervivientes para acceder y disfrutar plenamente de estos derechos”, así como garantizar el “acceso a la justicia y reparación”. Para ello, las religiosas aseveran que es necesario que haya “coordinación y la coherencia de todas las administraciones”, estableciendo, además, unos “estándares mínimos” entre comunidades autónomas”.

La congregación, por su parte, reconoce que la trata de personas “no es un delito neutral en términos de género”, sino que “afecta a las mujeres de forma desproporcionada y las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas”. Por ello, no es de extrañar que en el proyecto presentado al Gobierno indiquen la necesidad de que el Estado se comprometa a cumplir con sus “obligaciones” frente “a aquellos tipos de trata que suponen una forma de violencia contra la mujer”.

Prevención y reparación

Por todo ello, y con el fin de asegurar el enfoque integral de la nueva normativa, las adoratrices consideran que esta debe contener una serie de medidas mínimas entre las que destaca, principalmente, el establecimiento de mecanismos de “prevención y detección de trata de seres humanos”, por parte de profesionales, así como de “detección e identificación de las víctimas”, las cuales tendrán derecho a una “asistencia integral especializada” que garantice el alojamiento, protección, “asistencia médica, psicológica y material, jurídica, retorno voluntario a país de origen o último país de residencia legal, oportunidades de educación y formación de acuerdo con la edad, el sexo y sus necesidades específicas”.

Asimismo, aseveran que es fundamental asegurar el acceso de las víctimas a la justicia, “incluida la protección, acompañamiento y seguridad” de las mismas, además de su derecho a “la reparación, indemnización y garantías de no repetición”.

Las adoratrices, desde sus orígenes, cuando aun el término de trata no existía como tal, han trabajado con víctimas de esta realidad a la que el papa Francisco tantas veces se ha referido como la “nueva forma de esclavitud”. Una realidad que, a día de hoy, es el segundo negocio más lucrativo del mundo –después del tráfico de drogas–, y que diezma la vida de miles de personas cada año, la mayoría de ellas, mujeres y niñas. Nuestro país, que a día de hoy es el tercer consumidor de prostitución del mundo, ha puesto la primera piedra en un camino hacia la protección de las víctimas a nivel gubernamental. Un camino que organizaciones como las adoratrices llevan más de un siglo recorriendo.