Cáritas Española ha mostrado hoy su “profunda satisfacción” ante la ratificación definitiva por parte del Gobierno de España –que ha tenido lugar hoy en Estrasburgo– de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995. La firma de estos dos documentos es, tal como ha subrayado la ong, la primera de las ocho propuestas que, bajo el título ‘Por una sociedad más justa’, fueron presentadas por Cáritas a todos los grupos políticos ante las elecciones de 2019.
- Únete el jueves 20 de mayo a las V Conversaciones PPC sobre transpandemia y ecofeminismo
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
“Es un objetivo en el que Cáritas ha desarrollado, dentro de una estrecha colaboración con diversas entidades, universidades y movimientos sociales, un intenso trabajo de interlocución parlamentaria para lograr que los derechos contemplados en la Carta Social –entre otros, la protección frente a la pobreza y la vivienda– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado”, ha explicado Cáritas.
De esta manera, la organización ha subrayado que España “da un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y en su compromiso a la hora de garantizar, con el instrumento que otorga el sistema de reclamaciones colectiva previsto en el Protocolo, el acceso a los derechos humanos de los ciudadanos en mayor situación de vulnerabilidad social”.
Un acuerdo de 36 países
La ratificación formal de los documentos ha tenido lugar esta mañana en Estrasburgo, donde el embajador Manuel Montobbio, representante de España ante el Consejo de Europa, ha depositado el instrumento de ratificación ante el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjorn Berge, en la sede del Palacio de Europa. Nuestro país se convierte así en el 36º Estado del Consejo de Europa en ser parte de la Carta Social Europea revisada, que todavía sigue sin ser vinculante en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo, Suiza o Islandia.
Además, es el tercero, tras Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones del tratado, que incluye derechos a la protección contra la exclusión social, el acoso sexual en el trabajo, así como a la vivienda, la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores con responsabilidades familiares.
Los documentos
La Carta Social revisada reconoce, asimismo, el derecho a un salario equitativo para ambos sexos si se realiza el mismo trabajo, la protección de la maternidad de las trabajadoras, o la protección, en caso de despido, a la salud y la seguridad social. Además, prohíbe el trabajo de los niños en edad escolar, protege los derechos de las familias, de las personas con discapacidad y de los trabajadores inmigrantes y sus familias.
Por otra parte, la ratificación del Protocolo garantiza visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados en la Carta Social, y rubrica, por parte del Estado firmante, su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento. Junto a ello, añade ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas, entre otras, a la economía procesal, a su celeridad y al fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.
