“Recibir esta noticia -después de casi cuatro años- es un aliciente y una esperanza de que se llegará a la verdad y se hará justicia, algo más que necesario y un anhelo acuciante para cada una de las personas abusadas”, dice el comunicado de los Hermanos Maristas, firmado por Ernesto Reyes, Delegado de Misión Sector Chile.
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El comunicado se refiere a la información entregada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y la Fiscal Jefa de Delitos Sexuales, Yazmín Salech, quienes se reunieron con víctimas y querellantes de la investigación por delitos sexuales contra religiosos de la Congregación de los Hermanos Maristas. En esa ocasión, los fiscales informaron que recibieron más de 150 testimonios, entre víctimas, testigos e imputados, para establecer la existencia de 28 víctimas de estos delitos cometidos entre los años 1970 y 2004, en los que tendrían participación 17 hermanos. El Fiscal Barros valoró los testimonios recibidos que permitieron precisar los hechos. A la fecha de comisión de los delitos sexuales, las víctimas tenían entre 7 y 25 años.
Debido al período en que ocurrieron los delitos, la Fiscalía informó que deben pasar a los tribunales del sistema antiguo de Justicia lo que ocurrirá este viernes en el 15° Juzgado de Garantía.
Escuchando a cada víctima
“Naturalmente, hubiésemos querido que la Fiscalía no se demorara cuatro años en concluir que carecía de competencia para investigar en estos casos y que recién ahora sean remitidos a los tribunales de la antigua justicia del crimen”, expresa el comunicado de los Maristas.
La información difundida agrega que “desde 2017, la Congregación Marista de Chile ha denunciado una a una al Ministerio Público, todas las acusaciones de abuso solicitando que se investigara con diligencia para aclarar cada caso. En paralelo, fue escuchando a cada víctima, recogiendo sus relatos y brindándoles orientación legal y todo el apoyo espiritual y psicológico que han necesitado y que la mayoría de ellos aceptó y ha estado recibiendo”.
Más adelante agrega que, con apoyo de expertos, están buscando “alternativas de reparación para quienes sufrieron estas vejaciones. Sabemos que ninguna forma de reparación será suficiente, ni logrará borrar el sufrimiento vivido y que aún hoy padecen, pero estamos confiados de que llevará algo de tranquilidad y esperanza a quienes fueron -y siguen siendo- maristas y a sus familias”.
Día histórico
El médico Jaime Concha, una de las víctimas que participó en la reunión con los fiscales, calificó esto como «un día histórico, pues al establecer la verdad judicial en este caso y reconocer que todo lo que hemos declarado es verdad, restituye la dignidad de todos nosotros las víctimas». Agregó que esperan “obtener indemnización del Estado chileno pues éste ha confiado la educación de los niños y niñas a estas congregaciones religiosas que vulneran sus derechos”.
San Marcelino Champagnat fundó el 2 de enero de 1817 la actual congregación que en 1911 fundaron en Chile el primero de los actuales 12 colegios existentes en el país con más de 17 mil niños, niñas y jóvenes, atendidos por más de 800 educadores.
Pocos días antes, la Compañía de Jesús en Chile, a través de su Centro de Prevención y Reparación, dio a conocer su «Informe 2021», sobre los abusos sexuales de sus integrantes, fruto del trabajo de 2 años de investigación en ese Centro.
Delitos, negligencias y errores
En el prólogo, el provincial Gabriel Robledo, sj, dice que “dentro de nuestra institución, se han llevado a cabo graves delitos, negligencias y errores que jamás debieron ocurrir”. “Quiero pedir perdón, agrega, a todos quienes han sido vulnerados, dañados, a sus familias, a nuestras comunidades, y a la sociedad en su conjunto”.
El informe da cuenta de las denuncias contra 17 jesuitas acusados de abusos sexuales. De ellos, 6 fueron acreditados estando vivos los victimarios; 4 habían fallecidos (3 hallados pausibles y 1 no); 2 jesuitas solicitaron dimisión de la Compañía y de su estado clerical antes de concluir el respectivo proceso canónico; y 5 de las denuncias fueron consideradas no verosímiles, 3 de las cuales además fueron causas archivadas por el Ministerio Público.
Son 64 víctimas identificadas, 34 de ellas eran menores de edad y 30 adultas. El informe indica, además, que ya han hecho procesos de reparación en 49 casos y 31 de ellas han recibido reparación económica.
El Centro de Prevención y Reparación fue creado en abril de 2019, por la Compañía de Jesús. Lo dirige la abogada María de los Ángeles Solar, y lo integran la sicóloga experta en temas de abuso, Francisca Salinas, los sacerdotes Larry Yévenes, SJ, y Dagoberto Lagos, SJ, y la asistente administrativa Trinidad Bascuñán.
¿Cuánto más debemos esperar?
En abril pasado, un grupo de laicas, laicos, sacerdotes y religiosas hizo pública una carta dirigida a los obispos chilenos en la que les expresan que “como Pueblo de Dios que busca renovar la Iglesia pedimos a nuestros obispos una revisión profunda de estos temas (abusos en la iglesia), cambios de conducta a la brevedad y una conversión profunda al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto más debemos esperar?”.
La carta se refiere al informe “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”, difundido en septiembre de 2020, que fue elaborado por una comisión integrada por 16 académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ese estudio tenía por objeto “determinar la naturaleza y alcance del abuso sexual de personas menores de edad por parte de sacerdotes católicos que ejercieron su ministerio en Chile. Asimismo, se ha pretendido examinar las deficiencias que ha presentado la respuesta institucional que ha ofrecido la Iglesia Católica chilena a estos abusos e identificar el daño e impacto que ha provocado esta crisis en las víctimas, en las comunidades eclesiales y en la sociedad chilena en general”.
La carta a los obispos señala que “las conclusiones del informe son muy claras con respecto a la naturaleza de los abusos y las consecuencias en las víctimas y en los y las creyentes. Así también, son lapidarias en lo que refiere a la respuesta de la Iglesia institucional: “La Iglesia católica no ha reconocido su responsabilidad en la crisis que ella misma ha ocasionado”, denuncia.
Agrega que además “afirma que la responsabilidad institucional de la mala gestión de los abusos recae primeramente en los obispos. Se detallan una serie de conductas negligentes y limitadas tales como: encubrimientos (en sentido amplio, no solo el delito tipificado en la justicia ordinaria); la falta de cooperación y transparencia con la justicia civil; la incomprensión de la naturaleza particular del delito de abuso a menores; la mentira y el doble estándar instalado en el corazón de la Iglesia; y todo ello, traspasado del silencio y el ocultamiento de información que tanto daño ha hecho –y sigue haciendo– al Pueblo de Dios”.
Por ello, los firmantes de la carta, teólogos, teólogas, sacerdotes y dirigentes eclesiales, expresan que la comunidad eclesial pide una respuesta. “Sin embargo, dicen, a seis meses de conocido el informe, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la responsabilidad que tuvieron en la gestión del abuso y la desastrosa respuesta institucional. Nos parece necesaria, urgente, una explicación y, además, un compromiso de hacer las cosas de diferente manera, teniendo el Evangelio de Jesucristo en el centro. Sentimos vergüenza, rabia y mucho dolor frente a lo documentado en el informe UC, expresa la carta dirigida a los obispos chilenos.
