“Si queremos, se puede vivir sin CIE”. Esta es la principal conclusión que extrae el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) en su informe CIE 2020. Así lo demuestra el cierre de estos centros durante buena parte de 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
“Pedir el cierre definitivo de todos los CIE no es solo la expresión de un deseo de la sociedad, sino que se trata de una realidad fundamentada en la experiencia de que entre marzo y septiembre de 2020 estos centros permanecieron cerrados y no pasó nada”, analizó Carmen de la Fuente, coordinadora del SJM.
De la Fuente lamentó “el error de su reapertura en septiembre, en plena segunda ola, con una insuficiente atención sanitaria antiCovid” para los internos. En el informe, además, se hace hincapié en los aislamientos severos para personas contagiadas, con el consiguiente clima de angustia y ansiedad para los migrantes retenidos.
Por su parte, Josep Buades, de la Asociación Claver y uno de los autores del informe, denunció “la falta de transparencia del Gobierno, en concreto del Ministerio del Interior“, al no facilitar los datos requeridos sobre los CIE en el tiempo estipulado. Es más, tras reclamaciones a Transparencia, aún no se les ha facilitado toda la información.
Además, lo que han podido extrapolar de los datos recibidos, demuestra todavía más que estos centros “son innecesarios, provocan un sufrimiento inútil a personas y son caros para el contribuyente”, en palabras de Buades.
“La razón de ser de estos lugares es la de devolver a los internos. Ni más ni menos”, explica el abogado. “Pues bien, ¿qué razón hay para mantenerlos si, como muestran las cifras, la mayoría de las expulsiones o repatriaciones se hacen sin que pasen por los centros?”.
Según el informe, del total de personas devueltas en España (1.904), solo un 28% lo fueron desde CIE, así como del total de expulsiones (1.835), un 38% desde CIE. El 47% de los internados fueron finalmente puestos en libertad por diversos motivos al no poder ejecutarse su repatriación forzosa.
Sobre la ocupación de los CIE, se reportan 2.224 personas internadas en 2020 (16 mujeres). 1.767 por motivo de devolución (79,45%), de las que un 75% por entrada ilegal en patera; 362 por órdenes de expulsión (16,28%), de las que un 15% por mera estancia irregular.
Al ser interpelado sobre el por qué del escaso número de mujeres, Buades explicó que la mayoría de las mujeres pasan a centros de acogida humanitarios. “En especial cuando existen sospechas de que puedan ser víctimas de la trata“, subrayó.
También hizo referencia Buades a la situación de los menores retenidos en estos centros (42, según los datos facilitados por Interior). En muchas ocasiones, se abren protocolos para comprobar su edad, incluso con tratos vejatorios como exigir el desnudo integral para examinar las parte íntimas del migrante.
El abogado Josetxo Ordóñez describió la situación de los CIE desde dentro y denunció las condiciones en las que se vive. “No se trata solo de las carencias y dificultades que vinieron tras la reapertura. En enero de 2020, con un invierno durísimo, había internos que denunciaban que solo se les daba una manta, a pesar del frío, que no se les ofrecía ropa y no podían lavar su ropa con asiduidad”.
Ya con el Covid, “la situación de los CIE ante la Covid ha ido por barrios”, analizó Ordóñez, “aunque parezca mentira, durante los 200 días que permanecieron cerrados estos centros, nadie del Ministerio de Interior preparó un protocolo para armonizar las reaperturas… ni siquiera unas directrices”. Esto afecta, entre otras cosas, a las visitas a los internos, tanto de familiares como de abogados o cooperantes, que solo se han podido retomar en Madrid.
El resultado es que existe una gran variedad de situaciones según el CIE en cuestión. “En general, se están repartiendo mascarillas y facilitando gel hidroalcohólico, pero en muchas ocasiones los internos deben mantener las mascarillas más tiempo del recomendado”.
El documento también refleja la necesidad de “corregir situaciones de derechos vulnerados, como las denuncias de tortura o el internamiento de perfiles vulnerables como menores y solicitantes de asilo“.
Durante la presentación se hizo referencia a la sentencia sobre el fallecimiento de Samba Martine, en Madrid en 2011. Tras una década de lucha por parte de la sociedad civil por fin se ha dictado sentencia. “La sentencia es absolutoria, pero esto quiere decir que sea una derrota”, explica la abogada Cristina Manzanedo, una de las encargadas del caso.
“Se absuelve al único médico que se quedó allí, porque otros no se quedaron. Sin embargo, se ha conseguido que la misma administración reconozca dos errores estructurales que debe corregir: la atención médica a los internos y el protocolo de derivaciones de CETI a CEI, lo que hace que esta sentencia marque un antes y un después”, analiza Manzanedo.
Desde SJM lamentan que “la intención de este Gobierno sigue estando en los CIE. Así lo indican los 33 millones presupuestados para los próximos años. Es cierto que mucho dinero se invertirá en la adecuación de los CEI para mejorar la vida y los derechos de los internos, pero no es menos cierto que se están invirtiendo 27 millones en la creación de un nuevo CEI en Botafuegos (Algeciras)”.