El término ‘violencia vicaria’ ha copado los medios de comunicación desde que, la pasada semana, la Guardia Civil hallase los restos mortales de Olivia, una de las dos niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife. Ante esta situación, la Fundación Madrina sugiere 8 medidas de protección al menor para prevenir la violencia vicaria contra la infancia, y denuncia, a su vez, “que la violencia de género también atenta contra la infancia y la maternidad”.
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“Desde 2013, más de 40 menores han sido asesinados por sus progenitores para vengarse de sus parejas; y más de 100 han sufrido violencia en el hogar a manos de sus padres. Los menores que sufren cada día estos comportamientos violentos, acaban replicándolos en el colegio, llegando a normalizar una situación de violencia, tanto en el rol de víctima, como de maltratador”, advierte la organización.
Del mismo modo, la Fundación Madrina denuncia que “en todos los casos de menores en riesgo de violencia, únicamente existe protección y orden de alejamiento para la víctima y no para los menores, por lo que se encuentran en riesgo severo de sufrir violencia por parte del agresor”.
Los niños también son víctimas
Asimismo, la organización señala que “el 43% de las mujeres maltratadas asistidas en la Fundación Madrina no abandona nunca a sus parejas violentas por falta de recursos, y un 32% alegan temor a que los Servicios Sociales o su agresor les quiten a los niños por no poder mantenerlos, declarándose en desamparo y vigilancia de por vida por Servicios Sociales”.
Por otro lado, la fundación apunta que la Justicia “no atiende las denuncias por amenazas, y tan solo en los casos de violencia demostrada ‘con parte de lesiones’, está protegida la víctima, habiendo una desconexión total entre el rol de padre y de maltratador. Es por esto que ningún maltratador pierde la patria potestad de los hijos y siguen con visitas y acceso a los menores”. Y es que “sólo en el 3% de los casos en los que hay sentencia firme por violencia de género se suspenden las visitas de los menores por parte de los padres maltratadores”.
Por todo ello, la Fundación Madrina recuerda que “los niños son también víctimas de la violencia en el hogar”, y defiende el “vínculo de apego seguro materno-infantil”, así como que se le garantice el derecho a un “hábitat seguro materno-infantil”, que le permita al niño “desarrollar una integridad física y psíquica completas”.
“La falta de apoyo real y permanente a las mujeres víctimas de violencia de género les impide dar el paso definitivo de la denuncia, por lo que muchas madres con menores a cargo terminan sufriendo malos tratos constantes, psicológicos, económicos y físicos, junto a sus hijos”, asevera la organización.
Las reclamaciones de la organización
Por todo ello, la Fundación Madrina solicita contra la “violencia vicaria”:
1. Que en los juicios de violencia de género con sentencia firme, se valore el riesgo de los menores y se suspendan custodias y regímenes de visitas o bien se mantengan supervisión en un “punto de encuentro” tutelado.
2. Considerar violencia el abandono de la pareja embarazada o con niños, dejar a la mujer embarazada o madre con menores a cargo en condiciones de máxima vulnerabilidad y de precariedad.
3. Apoyo real y permanente a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, para que puedan dar el paso definitivo de la denuncia.
4. Facilitar vivienda social protegida y permanente, no temporal como hasta ahora, para estos menores y sus madres en riesgo, hasta normalizar su situación económica y de empleo.
5. Pedir estudios periciales “psicosociales” de la mujer y los niños menores a su cargo, ante la primera alarma o sospecha de violencia infantil y, en consecuencia, que se apoye la autonomía familiar de la presunta víctima y de sus hijos de forma integral.
6. Que ningún maltratador con sentencia firme de víctima de violencia, debe tener acceso legal, ni la custodia, para con los niños en riesgo de violencia. Retirada de la custodia y de la patria potestad de los niños, si fuera necesario, a los maltratadores acusados por sentencia firme en casos de riesgo para los menores.
7. Agravar las penas, incluida la prisión permanente revisable, para cualquier padre/madre que haya agredido gravemente a un menor, con pérdida de patria potestad.
8. Proponer la figura de observador o “defensor del menor” en todos los centros escolares que estén capacitados para denunciar y dar la alarma en caso de sospechas fundadas de maltrato a los menores, especialmente para mujeres que no denuncian.
