Los obispos de Eritrea han mostrado su indignación al Ministro de Educación, Semere Reesom, por el cierre y la nacionalización de las escuelas católicas por parte del gobierno del país africano. Una situación que se lleva produciendo desde 2018 con colegios de la Iglesia y que, ahora, se han intensificado “los procedimientos para la confiscación o, en su defecto, el cierre de las instituciones educativas que nos quedan, desde los jardines de infancia hasta las escuelas primarias intermedias, repartidas por todo el país”.
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En el punto de mira
“Estamos profundamente entristecidos y dolidos por las medidas que el gobierno está tomando por la fuerza, arrebatándonos las instituciones educativas y sanitarias que legítimamente nos pertenecen”, escriben los obispos en su texto. En el punto de mira del Gobierno estarían una escuela en la Eparquía de Barentu, 16 en la Eparquía de Cheren y dos en la Archieparquía de Asmara, según informa la Agencia Fides.
Además, aclaran, los servicios que ofrece la Iglesia católica a la población “no pretenden ser competitivos ni sustituirlo que hace el Estado en los mismos ámbitos”, sino que pretenden “ofrecer a la población más posibilidades de elección y uso”. Para los prelados, “estas medidas violan en principio los derechos de la Iglesia y son abiertamente lesivas de los más elementales principios de justicia”, “negando a las familias la posibilidad de enviar a sus hijos a un colegio de su libre elección”.
“Esto es una abierta distorsión de la verdad, diseñada para confundir a la gente. Y es justo y apropiado que nosotros, los obispos católicos de Eritrea, denunciemos rápidamente la indiscutible falsedad de la tergiversación mencionada. Las escuelas y clínicas confiscadas o cerradas, o destinadas a correr la misma suerte, son propiedad legítima de la Iglesia católica, construida, constituida y organizada en el interés supremo y exclusivo de servir a la población”, concluyen los obispos.
