“No fue una injerencia. El estado italiano es laico, no es un estado confesional, como reiteró el Primer Ministro. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Draghi sobre el carácter secular del Estado y sobre la soberanía del Parlamento italiano. Por ello, se eligió el instrumento de la nota verbal, que es el medio adecuado de diálogo en las relaciones internacionales”. Así ha explicado a Vatican News el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que la Santa Sede no pretendía intervenir en el desarrollo del proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que tramita el Parlamento italiano.
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El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, habría entregado el pasado 17 de junio nota verbal contra la ley al embajador italiano ante la Santa Sede, Pietro Sebastiani, en la que se advertía de que se produciría una reducción de la libertad garantizada con el Concordato a la Iglesia católica si finalmente se aprueba la llamada ‘ley Zan’.
Ante esto, el presidente del Ejecutivo italiano, Mario Draghi, respondía a la diplomacia vaticana subrayando “que el nuestro es un Estado laico, no es confesional, por lo que el Parlamento tiene todo el derecho a discutir y legislar”. En este sentido, Parolin ha aseverado que “de ninguna manera se ha pedido que bloquee la ley”, sino advertir sobre puntos con un “contenido demasiado vago”.
La discriminación, “un concepto vago”
“Estamos en contra de cualquier actitud o gesto de intolerancia u odio hacia las personas por su orientación sexual, así como por su etnia o sus creencias. Nuestra preocupación concierne a los problemas interpretativos que podrían surgir si se adoptara un texto con contenidos vagos e inciertos, lo que terminaría trasladando la definición de qué es delito y qué no lo es a la etapa judicial”, ha explicado.
Y es que, para la Iglesia, “el concepto de discriminación sigue siendo de contenido demasiado vago. A falta de una especificación adecuada, corre el riesgo de juntar los más diversos comportamientos y por tanto hacer punible cualquier posible distinción entre hombre y mujer, con consecuencias que pueden resultar paradójicas y que a nuestro juicio conviene evitar, siempre y cuando como hay tiempo”.
En definitiva, el Vaticano ha expresado su temor ante, por ejemplo, que los colegios católicos pudieran verse obligados a organizar actividades en la futura Jornada Nacional contra la Homofobia, o a que las consideraciones de parte de los consagrados sobre la homosexualidad y la transexualidad pudieran llegar a ser denunciables.
Por su parte, Draghi afirmaba que el ordenamiento jurídico italiano “contiene todas las garantías para que nuestras leyes respeten siempre los principios constitucionales y los compromisos internacionales, incluido el Concordato con la Iglesia”. Además, recordó que “la laicidad no es la indiferencia del Estado ante el fenómeno religioso. La laicidad es la salvaguarda del pluralismo y la diversidad cultural”.
