El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha confiado en que se respete la objeción de conciencia en su sentido más amplio a partir de mañana, cuando entre en vigor la ley de eutanasia. De hecho, ha reclamado que los hospitales y residencias de titularidad eclesial sean consideradas “zonas libres de eutanasia”. El también obispo auxiliar de Valladolid desea que se respete la decisión de las entidades “en cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran: ‘Este es un lugar donde se ponen por delante los cuidados, una zona libre de eutanasia’”.
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Así lo manifestó durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los obispos, al subrayar que la normativa sobre el suicidio asistido es una “mala noticia”, ateniéndose a “la experiencia de otros países de Europa”. De esta manera, el portavoz episcopal lamentó que el país vaya a entrar en la llamada ley del plano inclinado.
De la carga a las peticiones
En esta línea, advirtió del riesgo de que algunos colectivos puedan ser considerados una “carga para la familia” y esto devenga en más peticiones de eutanasia. “Provocar la muerte no puede ser nunca una referencia social para evitar el sufrimiento”, dejó caer. Frente a ello, confía en que “se respete la decisión de los sanitarios de objeción de conciencia”, así como de las instituciones que decidan no aplicar la llamada ley de muerte digna, así como de las personas que se encuentren atendidos en los centros católicos.
Junto a ello, la Conferencia Episcopal Española cree que es momento de que “crezca en España un movimiento fuerte de promoción de la defensa de la vida y de los cuidados paliativos”. En ello están poniendo ya todos sus esfuerzos para promover los conocidos como testamentos vitales o “declaraciones anticipadas” para poder exigir, no solo que no se practique la eutanasia, sino también recibir “una atención médica y espiritual en los momentos finales de la vida”.
