Una intervención de apenas cuatro minutos. Sin opción a preguntas de los periodistas. Con el rostro fatigado. Con las canas multiplicadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a la hora del telediario del martes 22 de junio que el Consejo de Ministros había concedido indultos parciales a los nueves líderes independentistas condenados por malversación y sedición.
Se conmutan las diferentes penas de prisión, pero no las de inhabilitación para ocupar un cargo público, unido a otro condicionante: no cometer ningún delito grave en un plazo de entre tres y seis años. Aprobada la medida de gracia, en menos de 24 horas, los políticos abandonaban la prisión.
La iniciativa se ha encontrado con el rechazo frontal en bloque de la oposición, con Ciudadanos, el Partido Popular y VOX buscando quién abanderar un posible recurso ante la justicia, después de que el Tribunal Supremo expusiera previamente sus dudas sobre la medida de gracia. Tampoco ha logrado Sánchez un respaldo unánime dentro de su propio partido, con algunos barones apoyándole a regañadientes, con Felipe González como ex presidente acicate y José Luis Rodríguez Zapatero apoyándole sin fisuras.
Durante estos días, Sánchez ha buscado justificar la medida desde la necesidad de afrontar el conflicto político y social enquistado en Cataluña desde “la utilidad pública” en aras de “buscar la concordia, abriendo paso a la reconciliación y al reencuentro”.
El universo independentista catalán tampoco ha recibido con júbilo el paso de Moncloa. Lo consideran un gesto insuficiente, en tanto que reclaman una y otra vez la amnistía, un referéndum y el derecho de autodeterminación. Y no solo eso, en las últimas semanas los protagonistas de los indultos ahora libres no se han mostrado arrepentidos por lo ocurrido el 1 de octubre, sino que se reafirman en la frustrada proclamación de la república catalana. Además, insisten en que lo repetirían y que, en su horizonte, está volver a hacerlo. Si bien en el seno de los dos principales partidos, Esquerra y JxCat, empiezan a mostrar algún signo que podría matizar este inmovilismo.
Con quien quizá no contaba el presidente del Gobierno en este intento de abrir una nueva vía de entendimiento es con los obispos. Días antes de aprobarse los indultos, pero cuando ya se daba por hecho que el Ejecutivo los sacaría adelante, la Conferencia Episcopal Tarraconense emitía una nota en la que instaban a promover un reencuentro: “Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, nos mostramos convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto”.
Con este punto de partida, tras mantener su reunión de primavera, los pastores entraban en escena. Pero lo hacían obviando la palabra clave: indultos. “No queríamos adentrarnos en el lenguaje político y jurídico, porque no somos ni un partido ni jueces. Somos pastores, hablamos de principios generales, no de decisiones concretas. Por eso apostamos por hablar de medidas de gracia”, expone uno de los prelados a Vida Nueva, con el convencimiento de que solo con la firma de la ‘absolución’ judicial no basta.
Otra fuente episcopal confirma que el posicionamiento de la Tarraconense se situaría en la línea visibilizada estos días por el presidente de la patronal de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, que ve positiva esta iniciativa siempre y cuando formen parte de un conjunto de acciones que permitan que “la situación se normalice”.
Así lo reflejan en el documento en que se muestran convencidos de que “el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”. De esta manera, el foro de estas dos provincias eclesiásticas que aglutinan a todos los prelados catalanes y que actualmente preside el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, reclama un diálogo “como vía efectiva”, a la vez que subraya las condiciones para que este encuentro sea fructífero: “Si el diálogo es serio, capaz y abierto, y si se admite que dialogar siempre significa renunciar a las propias exigencias para encontrarse en el camino con las renuncias del otro, habrá avances”.
En este sentido, los obispos instan a la clase política a “avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón sinceros, respetando la justicia, ayudará a que los acuerdos que todos esperamos se logren pronto”.
Desde estas premisas, los pastores hacen un llamamiento a “imaginar una solución satisfactoria que se aleje de actitudes inamovibles que no ayudan a construir armónicamente la sociedad”. “Será entonces cuando se irán venciendo las dificultades y la capacidad de diálogo empezará a aportar posibles soluciones”, concluyen en una nota, que no hace sino sintetizar lo que ya expresaron en 2019 tras la condena ratificada del Tribunal Supremo.
En aquel momento, si bien se mostraba un respeto absoluto a “la sentencia emanada del poder judicial de un Estado de derecho”, se invitaba a ir más allá con “algo más que la aplicación de la ley” desde “el remedio de la misericordia” a través de “una solución política adecuada”.