La Autoridad de Información y Supervisión Financiera intercambió 58 solicitudes de información con Unidades de Información Financiera extranjeras sobre 196 temas y envió 19 comunicaciones espontáneas sobre 104 temas
La cooperación internacional del Vaticano en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es cada vez mayor. Esta es la principal conclusión del Informe ASIF 2020, presentado hoy por la Santa Sede. La Autoridad de Información y Supervisión Financiera intercambió 58 solicitudes de información con Unidades de Información Financiera extranjeras sobre 196 temas y envió 19 comunicaciones espontáneas sobre 104 temas.
Dentro de los muros vaticanos, el pasado año se intercambiaron 49 solicitudes de información con otras autoridades del Vaticano, sobre 124 temas, “un crecimiento importante respecto al año anterior, lo que confirma las importantes sinergias que se han creado entre las instituciones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en cuanto a las actividades delictivas”. La ASIF, presidida por Carmelo Barbagallo y dirigida por Giuseppe Schlitzer, recibió 89 denuncias de actividad sospechosa y se enviaron 16 denuncias a la Oficina del Promotor de Justicia.
Según pone de manifiesto el informe, en 2020 se realizó una inspección general en el IOR –Banco Vaticano– y se elaboró una guía que contiene los procedimientos para llevar a cabo el proceso de revisión y evaluación.
El estudio también destaca el último informe de Moneyval –el órgano de control de los sistemas financieros del Consejo de Europa–, que valoró positivamente las medidas adoptadas por el Vaticano contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Moneyval elogiaba en junio que se haya tomado la iniciativa de constituir dos comisiones pontificias para estudiar las estructuras económicas y administrativas del Estado vaticano.
Sin embargo, hacían hincapié en que es necesario aun mejorar los instrumentos legales para paliar, principalmente, asuntos como los retrasos en los procesos judiciales o la falta de competencia de la Santa Sede en delitos financieros cometidos por sus magistrados. El juicio expresado sobre este aspecto es de eficacia ‘moderada’, lo que significa que son necesarias algunas acciones para lograr una mejora más profunda.