El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado que la Diócesis y el Cabildo Catedral presentarán, antes del lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues “no tiene en cuenta la libertad religiosa” y “se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración”, según ha recogido Europa Press.
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Una ley invasiva
El prelado ha denunciado que “se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino”. Para Fernández el Gobierno de Sánchez actúa “sin tener en cuenta a los propietarios” o que “el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica”.
“Estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen”, ha lamentado, que los bienes reconocidos por la Unesco pasarán a ser “Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás” teniendo una mayoría vinculante en las decisiones la Administración. Para el obispo esto es “una expropiación bastante abierta”, y por ello la Diócesis y el Cabildo presentan alegaciones “dentro del plazo legal que se nos ha dado”, hasta el lunes, plazo que es “corto, en vacaciones y con una ola de calor, pero, a pesar de todo, ya está todo redactado y lo mandaremos”, sentenció.
En juego la libertad religiosa
Para Fernández “es una ley con intenciones invasivas, expropiadoras y que no tiene en cuenta la libertad religiosa” que debe “tener los medios para poder hacer esa expresión [de la fe] sin un control excesivo del Estado, pues que se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración”. El obispos espera demostrar que “en Córdoba no estamos dormidos” y espera que otras instituciones hagan sus alegaciones.
Además de instituciones culturales, espera que, “tanto a nivel de Conferencia Episcopal, como a nivel de secretario de Estado y de Nunciatura, pues haya declaraciones o aportaciones, porque se toca el núcleo de la relación Iglesia-Estado, sobre el cual hay unos acuerdos, hay una Constitución española y hay unas leyes” previas, pero “esta ley no tiene en cuenta nada de eso y quiere saltar por encima de todo. Por tanto, es una ley que nos ha dejado estupefactos”.
