La Iglesia paraguaya, comprometida con la lucha por las tierras

16/07/2021 | Roxana Alfieri

Organizaciones eclesiales y civiles que trabajan en la región del Chaco paraguayo repudiaron la intervención estatal en Puerto Casado

Se vislumbra las consecuencias de una guerra entre vecinos y el abandono

El obispo del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo, Gabriel Escobar Ayala, junto a sacerdotes, religiosos, religiosas, la Comisión de lucha por la tierra y la Multisectorial del lugar, se pronunciaron ante la lucha por las tierras del pueblo de Puerto Casado, cuya voz parece acallada por el miedo y la angustia.

Focalizaron su denuncia en el accionar del organismo estatal INDERT. Calificaron esta intervención unilateral como una grosería, a espaldas y sin consultas a los involucrados en esta problemática del Paraguay.

La denuncia

En la carta difundida, los agentes pastorales que conocen la realidad de los casadeños puntualizaron su repudio.

Aseguraron que el INDERT debería proteger y acompañar el proceso de la lucha por la tierra, sin prestarse a los datos falsos de los funcionarios. Por este error, dejaron sin efecto una resolución del 2020 y sin protección a los pobladores de Casado.

Los denunciantes también expresaron: “Repudiamos con mayor fuerza y entereza indeclinable el hecho de decir que una entidad extranjera afincada hace aproximadamente 25 años, aseguran que han dado bienestar y trabajo a los casadeños”.

Señalaron que se constata tristemente el auge de la migración de los pobladores empobrecidos, que deambula, tanto en el país como en el extranjero buscando mejores condiciones de vida, trabajo digno, mejor educación y salud.

Asimismo, repudiaron la falta de capacidad y de voluntad política del Gobierno Nacional para resolver un conflicto que ya lleva más de dos décadas en incumplimiento de la ley Suprema de la Nación.

Los reclamos

Como defensores de los derechos de los más pobres, de los desposeídos, como misioneros católicos, piden a las autoridades el resolución de los reclamos, de acuerdo a la Constitución Nacional.

Además exhortaron que, a la brevedad posible, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) brinden una respuesta conjunta irrevocable, conforme a Derecho.

Finalmente, exigieron la reposición de la “Colonización de Hecho” como la medida preventiva, seguida de inmediato, con el proceso de la legalización definitiva del territorio ocupado y clamado por sus pobladores.