Vatileaks 3: las siete claves del juicio que sentará por primera vez en el banquillo a un cardenal

17/07/2021 | Mateo González Alonso

Angelo Becciu comparecerá ante el tribunal vaticano a partir del próximo 27 de julio acusado de “delitos de malversación y abuso de funciones también en complicidad, así como de soborno”

487 páginas ocupa la investigación dirigida por el promotor de Justicia del Vaticano –el órgano equivalente a la Fiscalía– Gian Piero Milano, con la ayuda del adjunto Alessandro Diddi y el ejecutivo Gianluca Perrone a partir de las incautaciones de la Gendarmería Vaticana, interrogatorios y documentos sobre las finanzas de la Secretaría de Estado. Vida Nueva, que ha accedido al informe completo, repasa quién es quien en este juicio del conocido como Vatileaks 3 que comienza el próximo 27 de julio.

¿Quiénes son los 10 acusados?

El sacerdote Mauro Carlino, antiguo secretario del cardenal Angelo Becciu cuando era Sustituto de la Secretaría de Estado.
Enrico Crasso, gestor de las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas
Tommaso di Ruzza, exdirector de la AIF, la Autoridad de Supervisión Financiera
Cecilia Marogna, conocida como la ‘dama’ del cardenal Becciu, que recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia
Raffaele Mincione, financiero que convenció a la Secretaría de Estado para la del edificio del 60 Sloane Avenue en Londres y que luego utilizó el dinero en inversiones opacas
Gianluigi Torzi, financiero que se ofreció a romper las relaciones con el fondo de Mincione a cambio de 15 millones de euros
Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones para que Torzi sustituyera a Mincione
Fabrizio Tirabassi, funcionario de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que también cobraba comisiones de bancos suizos
René Brülhart, expresidente de la AIF
Excardenal Angelo Becciu, por su actuación como sustituto de la Secretaría de Estado

1. El edificio de Londres

La compra de un gran edificio en el número 60 de la avenida Sloane de Londres es lo que mayores fondos se ha llevado de todo lo investigado. Según la investigación, a través del fondo Athena Capital –aunque con un procedimiento indirecto–, se hicieron hasta 7 ingresos en dos bancos suizos entre el 30 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2014 de 200 millones y medio de dólares procedentes del Óbolo de San Pedro. Cuando el escándalo estalla, calcula el Promotor del Justicia que a este inmueble se han destinado unos 454 millones de euros utilizando “esquemas totalmente anormales”.

El fondo Athena Capital –constituido como SICAV– surgió inicialmente para unas inversiones petrolíferas que no llegaron a término con un empresario de Angola, donde Becciu fue nuncio. Raffaele Mincione –introducido en el Vaticano por Enrico Crasso, que llevaba muchos años gestionando los fondos de la Secretaría de Estado sin hasta el momento hacer inversiones de riesgo– era el gestor del fondo y cobraba con “generosas comisiones”. Comisiones que completaba cobrando también de la inmobiliaria y de otras entidades en un claro “conflicto de intereses”. Sus intereses particulares en Londres hicieron que la Secretaría de Estado acabara comprando el edificio a través de un entramado de diferentes empresas, instituciones bancarias de medio mundo y fondos de alto riesgo. Se calcula que por esta operación, Mincione ha recibido, al menos, 78 millones de euros.

Para el Promotor de Justicia, la actuación de Mincione –a través de hasta siete sociedades suyas– en este tema es claramente una “gran estafa”. Principalmente a través de los correos electrónicos de sus socios y compinches se evidencia los engaños sobre lo beneficiosa de la inversión a la Secretaría de Estado, a la que se le omiten algunos datos determinantes para valorar la operación inmobiliaria. Incluso se llegará a aumentar el valor de mercado del edificio. Este procedimiento seguirá en todo lo referente a la restauración del inmueble y la recalificación para cambiar su uso. Además, se constituyeron otras vías de financiación de los créditos pedidos para la gestión del edificio londinense.

En noviembre de 2018 la Secretaría de Estado parece cansarse de una inversión tras elevada y se decide proceder a desvincularse de Mincione –el valor de las acciones había caído 18 millones de euros–. Para ello piensa en Gianluigi Torzi –figura emergente para el Vaticano– para gestione con una nueva sociedad y el edificio y establece el pago de más de 46 millones y medio de euros a Mincione para desvincularse de él. Torzi recibe un bonus de 15 millones de euros por recuperar para el Vaticano la propiedad –algo que no llega a ser así del todo–. Ambas figuras parecen relacionarse y seguir estrategias similares incluso comprando algunos funcionarios vaticanos ya que en un WhatsApp entre ambos se lee directamente que mantener el negocio de Londres ha tenido que “pagar tres millones al cura”.

En el informe se habla de que tanto Torzi como Mincione se acostumbraron a “utilizar los fondos del Óbolo de San Pedro como una especie de cajero automático al que recurrir para sostener las propias iniciativas” a través de múltiples intermediarios. Los “acuerdos” firmados en noviembre de 2018 para la salida de la inversión de la Santa Sede del fondo Athena fueron un instrumento para que no cesaran las “extorsiones” la Secretaría de Estado. Esta operación, como muchas otras del proceso la supervisa Alberto Perlasca, clérigo de la oficina de Becciu –en la que de 17 personas quedarían 9–. La medida más fuerte en este punto fue el pago de casi 47 millones de euros –lo equivalente a 40 millones de libras– gracias un mecanismo en el que se iba cambiando la valoración del inmueble. Entre los acusados en esta trama está también Fabrizio Tirabassi por “malversación de fondos”. Además, para el Promotor también está demostrada un red de blanqueo de capitales a través de todas las sociedades.

2. La corrupción generalizada

Fabrizio Tirabassi –laico trabajador de la Secretaría de Estado– es el primero que está en el campo de mira de este capítulo que va más allá del edificio de Londres, pero cuya investigación ha sacado a luz algunos procedimientos de sociedades que se llevaban sumas de dinero a través de diferentes tapaderas –como una sociedad deportiva que contaba con el apoyo de los Museo Vaticanos–. En esta investigación se describen incluso intentos de arreglar el tema londinense por la fuerza con Torzi a través del sacerdote Mauro Carlino, que fue secretario personal de Becciu, cuando las nuevas normas antiblanqueo del papa Francisco estaban a punto de entrar en vigor.

Tirabassi era uno de los hombres de confianza de Becciu en el Palacio Apostólico pero, a la vez, estaba en nómina de los fondos de Mincione. Por eso no se explica el capital ahorrado con su suelo de 2.500 euros al mes –cobrado siempre en una cuenta del IOR que no tocó durante años– y es que se ha descubierto que recibía una comisión directa del banco suizo USB –está acreditado el 0,5%– y del Credit Suisse por traer inversiones vaticanas. De hecho se le descubren en Suiza más de un millón y medio de euros y monedadas de oro por valor superior a los 8 millones y medio de euros. Sus comunicaciones lo meten de lleno en el círculo de Enrico Crasso, Raffaele Mincione y Torzi entre los que hay varias empresas off shore y fondos de capital riesgo en común –algunos con algún toque ‘ético’ en el nombre–.

Tirabassi y Crasso además de dinero, blanqueaban las propuestas de Mincione primero y después de Torzi en la Secretaría de Estado. Junto a los movimientos entre sociedades, en la investigación se recogen escenas como el rocambolesco intercambio de 8.000 euros en una bolsa de deporte en una estación de tren. En otra ocasión, Tirabassi entrega a Torzi 30.000 euros en metálico en Milán.

3. La extorsión de Torzi

En medio de todo esto, Becciu es nombrado Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y el Papa nombra a Edgar Peña Parra como nuevo sustituto de la Secretaría de Estado. Aprovechando el relevo, Torzi –y sus cómplices en el Vaticano– a través de un Acuerdo de Compra de Acciones se hace, de facto, con la propiedad del edificio de Londres al quitarle el derecho a voto al Vaticano en la nueva sociedad que se crea. Para el Promotor de Justicia “ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin” contaban con todos los datos de este entramado, por lo que no fueron “plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones” y por ello fueron estafados. Para ello se pagarían 15 millones de euros directamente a Torzi.

Ahora bien, hay testimonios que señalan que Perlasca era conocedor de estas maniobras. De hecho, el clérigo había firmado la cesión del control de la propiedad de Mincione a Torzi el 22 de noviembre de 2018 sin autorización de Peña Parra, que se enteró un mes después de la operación. En algunas conversiones de WhatsApp, Perlasca maquina a espaldas de Peña Parra diciendo que “no se da cuenta de las cosas” y que si es necesario “utilizaremos nuestras facultades especiales”.

Además, apunta el informe, la participación en estos movimientos del abogado milanés Nicola Squillace es “determinante”, llegando a recibir por sus servicios, al menos, más de 300.000 euros. Cercano a Torzi, lo presenta Perlasca a Peña Parra como si fuera un conocido suyo con un informe sobre las ventajas del acuerdo de venta de acciones. Argumentos que también llegaron al cardenal Parolin. Mientras, con el dinero distraído de la Secretaría de Estado se iban adquiriendo nuevos fondos en quiebra para rescatarlos y hacer crecer el entramado de sociedades. Finalmente Perlasca sería destituido y le sustituye Carlino, que sigue en contacto estrecho con todos estos colaboradores desleales y se demuestra en la investigación que era conocedor incluse de las estrategias más orcuras.

En este contexto se produce la conversación cuyas grabaciones han visto la luz en el ‘Corriere della Sera’ en un exclusivo hotel de Milán entre Torzi, Tirabassi y Crasso en las que el primero exige 10 u 8 millones de euros para dejar el edificio de Londres –antes ya había pedido 23 millones–. Además, ha quedado demostrado para el Promotor de Justicia que se falsificó un documento para poder pagar los 15 millones de euros de las acciones, blindando las ganancias de Torzi ante posibles pérdidas de valor –el propio Torzi fue recibido por el papa Francisco en Santa Marta el 26 de diciembre de 2018–. “Gracias a esta falsedad Gianluigi Torzi pudo engañar incluso a una autoridad judicial” en Inglaterra y en Italia, apuntan. La investigación establece que esos fondos que recibe Torzi tienen un origen ilícito y por ello hace gestiones para el blanqueo a través, inicialmente, de 13 cuentas bancarias diferentes. También hace diferentes pagos como unas vacaciones en Cerdeña al vicepresidente libio, Ahmed Maiteg, por 50.400 euros por 4 días.

Tras la estafa de Torzi, la Santa Sede acudió a las autoridades del Reino Unido para recuperar la propiedad real del inmueble en noviembre de 2020. La justicia británica reconoce la autoridad de los funcionarios vaticanos que firmaron los contratos por lo que no parece muy dispuesta a dar del todo la razón a la Secretaría de Estado.

4. La complicidad de la AIF

No se puede olvidar que el Vaticano cuenta con la AIF (Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede), presidida entontes por René Brülhart y con Tommaso Di Ruzza como director. Para el tribunal este ente “ha descuidado las anomalías de la operación de Londres”, y eso que el 23 de marzo de 2019 llegó una denuncia a sus oficinas al respecto. De hecho, se apunta a Di Ruzza como uno de los que tuvo “una función decisiva en la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi”.

Gracias a los informes de la AIF se aseguró Torzi sus comisiones pero no fueron capaces de garantizar la propiedad efectiva del edificio del barrio de Chelsea. “El comportamiento de la AIF, a través de su director y su presidente, ha vulnerado gravemente las normas básicas que regulan la supervisión precisamente porque, gracias a las intervenciones que se han descrito, fue posible atribuir una credibilidad a un pago que todos –nadie excluido– sabían que no era debido”, señala el informe detallando facturas falsas o sin IVA, créditos del IOR u operaciones con gente fallecida. Considera el Promotor de Justicia que su informe fue clave para la extorsión de Torzi a la Secretaría de Estado.

5. El papel de Becciu

El informe dedica 73 páginas a analizar el papel de Angelo Becciu como Sustituto de la Secretaría de Estado. Perlasca relata la primera vez que le pide hacer un ingreso de 100.000 euros a la cooperativa de fabricación de cerveza en su Cerdeña natal apelando a la pobreza de la zona o los trabajadores que dependen de ella, pero sin mencionar que era de su hermano –acabarían siendo 225.000 euros en total los “fondos distraídos” a este fin; más 600.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana con la complicidad de la diócesis de Ozieri–. Este trámite se hará a través de la Cáritas local para así justificarlo como un gasto del Óbolo como parte de la caridad del Papa.

También se emplea un mecanismo similar para ayudas a un amigo nuncio en Cuba, Angola o unas obras “escandalosas” en la nunciatura en Egipto –todas con la intervención de una empresa de carpintería de otro hermano de Becciu que recibe hasta 65.645,56 euros–. Ocupado en otras desviaciones menores, Becciu entra en el juego de Londres cuando se descubre que tras dos ofertas de recompra del edificio –por empresas tapaderas de Torzi y de Mincione– por 300 millones de libras –más de 350 millones de euros– estaban “promovidas por Angelo Becciu”. Una tercera oferta llegaría de Giancarlo Innocenzi Botti, antiguo parlamentario de Forza Italia, el partido de Berlusconi. Lo hace a través de una sociedad a la que la Justicia vaticano no ha podido seguir a fondo la pista, pero que estaba vinculada a Torzi. Innocenzi se ha librado de los interrogatorios por la pandemia –por consejo incluso de Becciu que ya no estaba en la Secretaría cuando se formuló la oferta–. El cardenal no solo habría bloqueado la investigación influyendo en Innocenzi. También intentó forzar a Perlasca de varias maneras para que retirara o cambiara sus declaraciones.

Más allá de estos líos internos, lo que sí parece probado para la Fiscalía es que la autorización de Becciu es incuestionable a la hora de decididir la inversión de los 200 millones de dólares de los fondos del Óbolo de San Pedro en el fondo Athena de Mincione “sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofrendas de los fieles pagadas para subvencionar obras de caridad se utilizaran para financiar temerarias incursiones especulativas”. Para el Promotor, este es “un acto abusivo al que el Sustituto dio su consentimiento decisivo”; más allá de que parte del desarrollo posterior del dinero invertido se hiciera a espaldas del vaticano.

Otra deriva que afecta al cardenal es la que se refiere al papel de la italiana Cecilia Marogna y su empresa Logsic Humanitarne Dejavosti D.O.O. a la que Becciu recurrirá para operaciones de inteligencia, como el pago de secuestros de una misionera secuestrada. Ahora bien, los libros de cuentas de la entidad, a la que se pagaron 575.000 euros como “donación voluntaria” en una cuenta de un banco esloveno, reflejan compras de artículos de lujo –además de hoteles y restaurante– “no compatibles y, por lo tanto, no justificables con el objeto social de la misma empresa”. La entrega de dinero la hizo Perlasca por orden de Becciu, apelando al Papa, que ya no estaba en la Secretaría de Estado.

6. El fondo Centurion

Otra ramificación, con un fuerte protagonismo de Crasso, es la sicav llamada Fondo Centurion, con sede en Malta –a través del bancos suizos–. Desde aquí se han apoyado inversiones del Vaticano por valor de casi 71 millones de euros en empresas como la juguetera Giochi Preziosi, la producción de películas como ‘Rocketman’ sobre Elton John o ‘Men IN Black’… incluyendo 13 millones de euros para la entidad New Deal de la que Crasso es consejero o la adquisición de un inmueble en Roma haciéndolo pasar (engañosamente) como una inversión del hospital Bambino Gesù.

7. El secuestro de bienes

Las autoridades han bloqueado hasta 24 cuentas bancarias relacionadas con los acusados. Para la investigación se ha interrogado a 57 testigos, a pesar de las limitaciones del coronavirus. También se han analizado 242 entre teléfonos, ordenadores, tabletas, CD, memorias USB… así como 25 direcciones de correo electrónico.