El PSOE avanzará hacia un Estado laico con una “separación estricta entre delito y pecado” y apuesta por la creación de un Estatuto de Laicidad. Amén de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, el Partido Socialista propone estas medidas en la ponencia marco para su 40º Congreso, que se celebrará en Valencia del 15 al 17 de octubre. Así aparece negro sobre blanco en el texto de 304 páginas que dedica tres de ellas al epígrafe ‘Laicidad y democracia’.
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Mientras el 39º Congreso, celebrado en 2017, solo incluía dos puntos sobre laicidad, en esta ocasión se trata de un apartado concreto. Entonces, se hablaba, en primer lugar, de que “los socialistas nos reafirmamos en nuestro compromiso en defensa de la laicidad, entendida como un ejercicio de neutralidad y libertad en las relaciones entre lo público y el hecho religioso, entre el Estado y las diversas confesiones y siempre bajo el máximo respeto al ejercicio individual con el que cada ciudadano quiera ejercer su fe o la ausencia de esta”.
Ley de Libertad Religiosa
Y, en segundo lugar, advertían que “la laicidad encuentra una de sus máximas expresiones en el compromiso del Partido Socialista de denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede y de avanzar hacia una nueva ley de igualdad y libertad religiosa”. La realidad es que a esta denuncia incluida también ahora, se une también una ley con nombre y apellidos: “Nos comprometemos con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones”.
En el punto 2.465, el PSOE recuerda que “la imparcialidad institucional supone la separación estricta entre política y religión, derecho y moral, delito y pecado y la adecuada distinción entre la Ética pública y privada. Una imparcialidad que deviene en neutralidad activa, pues no se limita a una suerte de equidistancia, sino que aboga de forma decidida por la libertad de religiosa, de cultos y de conciencia”. Y añaden: “El Estado laico se erige como paradigma del proceso de secularización de la historia reciente de la humanidad”.
Más adelante, en el punto 2.483 señalan que “es preciso tener en cuenta que son necesarios instituciones constitucionales y valores compartidos y pactados sobre los que articular la convivencia y la cohesión social y cultural, es decir el desarrollo efectivo del principio democrático de laicidad”. “En tal sentido, –continúan– parece necesario promover la existencia de un Estatuto de Laicidad que desarrolle la aplicación de esta en el ámbito de los servicios públicos, escolares y de otra especie, fuerzas armadas, prisiones, uso de espacios públicos, ceremonias oficiales, etc.”.
