En una declaración de cuatro puntos, titulada ‘Araucanía: urgencia de diálogo como política de Estado’, los rectores de todas las universidades presentes en la Región de La Araucanía y el obispo de Temuco llaman “a un proceso de diálogo que permita reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo Mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. Tenemos que hacernos cargo de los problemas estructurales e históricos, para lograr una transformación genuina de la situación actual”.
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Amplia e inclusiva participación
El reconocimiento de los pueblos originarios es el primer tema abordado. Allí recogen los “significativos avances sobre el respeto universal por la identidad nacional y una progresiva valorización de la diversidad cultural como aporte de todos los pueblos originarios y sociedades tradicionales” a nivel mundial, en los últimos decenios. Consecuencia de esto es el consenso, ratificado por organismos internacionales, “que se deben respetar los derechos humanos de todos los pueblos, lo que implica asumir sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, señalan.
En el segundo punto se refieren a la dolorosa situación actual de La Araucanía, señalando que “la forma en que el Estado de Chile entró en relación con los pueblos originarios, afectó severamente su derecho a la vida, sus territorios, identidad y estilo de vida”. “Las soluciones para los problemas actuales y del futuro, requieren de la amplia e inclusiva participación de todos y todas en La Araucanía y el país, en un diálogo sin exclusiones, para responder plenamente a las necesidades y derechos de la diversidad de su gente”, expresa la declaración.
Añade que “se requiere con urgencia un nuevo trato, con respeto mutuo tanto del Estado de Derecho como del estatuto consuetudinario de las naciones y pueblos. Se necesita respeto y reconocimiento hacia las autoridades ancestrales y territoriales”. Menciona también los esfuerzos infructuosos realizados en las últimas 4 décadas, con “demasiadas promesas incumplidas”.
Ante el fuerte incremento de la violencia en la zona, que deja heridos y muertos tanto mapuches como policías o empleados de empresas forestales, los rectores dicen que “las confrontaciones como medio de resolución de conflicto aumentan nuestras diferencias y dificultan la llegada de respuestas sostenibles y justas para los habitantes de estos territorios. Se necesitan soluciones constructivas y pacíficas, abordando todos los componentes necesarios para una nueva forma de convivencia”.
Genuino diálogo intercultural
Los rectores creen que “para construir un nuevo pacto y resolver las principales tensiones, quiebres y resquemores, se necesita avanzar en un genuino diálogo intercultural” a través del cual “dar espacio a la memoria, transformar las situaciones de hoy y construir en común un futuro compartido. No podemos pensar que los proyectos políticos o la sola fuerza de la ley serán suficientes para llegar a acuerdos sólidos y permanentes. La paz duradera sólo puede lograrse cuando actuamos en pos de la justicia a través del diálogo”, afirman en el tercer punto de la declaración.
La urgencia de escuchar a la Araucanía, en un proceso de diálogo, es el último acápite de la declaración. Allí los rectores indican que “el Estado de Chile tiene responsabilidad en el origen y la evolución de esta crisis. Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a sumarse en forma activa en este proceso”.
“Hacemos el mismo llamado al pueblo Mapuche, a sus autoridades políticas, espirituales, territoriales, nacionales, (…) Así como también, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y comunitarias, a los sectores empresariales, sindicales (…) a ponerse a disposición para la búsqueda de transformaciones pacíficas de los problemas que afectan a estos territorios”, claman los rectores.
A continuación expresan su propuesta: “para iniciar a la brevedad este proceso de diálogo, y que cumpla con estándares apropiados de transparencia, inclusión, imparcialidad y experiencia, sugerimos que el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, convoque, en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona, para la construcción de una hoja de ruta que pueda contener todos los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso”.
Cierran la declaración afirmando que “el proceso constituyente ha demostrado que nuestro país desea cambios profundos y este llamado al diálogo es un paso que debemos dar con urgencia. Tenemos la esperanza que los cambios necesarios son posibles de realizar. Les invitamos a sumarse y a contribuir a esta tarea que depende de todos y todas”.
Meses de trabajo
El mismo día se conoció la respuesta del organismo noruego a través de una declaración pública: “El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo ha recibido el llamado de los rectores, la rectora y las autoridades de las universidades de la Araucanía y el obispo de Temuco, para colaborar en la reconstrucción y reparación de relaciones entre el pueblo Mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. Aceptamos la invitación y agradecemos la confianza depositada en nosotros”, expresan al inicio del texto.
Según informa la web de la Conferencia Episcopal de Chile, el Obispo de Temuco, Héctor Vargas, explicó que este acuerdo “obedece a varios meses de trabajo que hemos venido realizando justamente con la preocupación de la situación de nuestra región, motivados y muy preocupados por lo que ocurre en La Araucanía. Decidimos con el Centro de Políticas Públicas y la Dirección de Análisis Institucional de la Universidad Católica de Temuco iniciar un trabajo y reflexión, sobre todo con lo que nos está ocurriendo. Al poco andar tomamos la decisión de invitar a todas las universidades de la Región, con la finalidad de llevar a cabo un trabajo y una propuesta de parte de todo el mundo académico”, dijo el obispo y agradeció a todos los planteles de educación superior por su participación en este acuerdo.
Por su parte, la rectora de la sede Temuco de la Universidad Santo Tomás, Rosemarie Junge Raby, dijo que “no hemos podido avanzar como quisiéramos, ya que es un problema multifactorial; por ello consideramos que es importante para este diálogo tener a alguien externo, que sea más neutral” y agregó que “nuestra solicitud oficial es que el Centro Nansen, que tiene experiencia internacional en conflictos en todo el mundo nos pueda ayudar metodológicamente para llevar a cabo este diálogo y por supuesto estamos todos los rectores y las universidades disponibles para ser actores activos en este proceso”.
Espiral de violencia
Organizaciones mapuches reclaman la devolución de las tierras ocupadas por el Estado a través de una invasión militar a fines del siglo XIX, también piden reconocimiento y autonomía de la nación mapuche; algunos grupos más radicalizados buscan la total erradicación del Estado chileno y de la Iglesia Católica del territorio que consideran propio, ya que esa presencia sería expresión de colonialismo. La quema de templos católicos y evangélicos ha sido fruto de esos grupos.
Durante la dictadura militar, enormes extensiones de tierras de esta zona fueron reforestadas para producción de celulosa, con graves efectos medioambientales y rechazo por parte de los mapuches. Las empresas forestales son objetivo de acciones violentas con incendio de maquinaria, robo de madera y ataques a sus empleados. Esto ha generado organizaciones de autodefensa en agricultores y empresarios.
El primer atentado, que se señala como inicio del conflicto, ocurrió en diciembre de 1997 con la quema de tres camiones de una empresa forestal. Desde entonces, la violencia se ha acrecentado progresivamente y se ha expandido a las regiones vecinas del Bio Bío y Los Ríos.
El Gobierno, por su lado, reacciona con acciones policiales que llevan a enfrentamientos armados con los mapuches que cuentan también con grupos paramilitares.
Así, el conflicto de La Araucanía actualmente implica aspectos históricos, sociales, políticos y de violencia que lo transforman en un conflicto armado en una creciente espiral.
