-FOTODELDÍA-. CEUTA, 20/05/2021.- Dos menores sacan sus manos por una ventana del albergue de Piniers, a donde han sido trasladados algunos de los 850 menores inmigrantes que permanecen en la ciudad española de Ceuta. La ciudad española de Ceuta, en el norte de África, recupera poco a poco la normalidad tras la llegada masiva de inmigrantes irregulares de estos días procedentes de Marruecos, mientras que las autoridades se centran ahora en la atención de los 850 menores de edad que permanecen en territorio español. EFE/ Brais Lorenzo
“Desde una perspectiva ética, moral y legal, la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada, porque este tipo de devoluciones en grupo suponen un grave riesgo para los propios menores”, han señalado en un comunicado emitido desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Firmado por el obispo José Cobo, responsable del departamento, y el director del mismo, Xabier Gómez, en el comunicado se valora “positivamente” cualquier acuerdo entre estados; pero los firmantes manifiestan “nuestra preocupación ante las noticias que nos llegan desde el Secretariado de Migraciones de Cádiz y Ceuta, así como desde las instituciones de la Iglesia, civiles y del mismo Defensor del Pueblo respecto a la devolución en grupo de menores desde Ceuta a Marruecos, así como respecto de su situación previa y actual en Ceuta sin ser derivados a otros recursos de la península”.
“Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestras fronteras es responsabilidad de todos”, señalan desde el departamento en sintonía con las exigencias del compromiso cristiano. Entrando en la cuestión, recuerda que según la normativa jurídica “se debe contar con el consentimiento de los mismos para su posible repatriación” –algo que se ha puesto en cuestión en caso destapado este sábado, 14 de agosto–.
Desde el organismo episcopal, destacan que “nos referimos a niños y niñas a quienes los Estados de origen y llegada deben proteger y escuchar, garantizando individualmente su retorno familiar cuando así lo solicitan , o su cuidado y amparo cuando provienen de situaciones de vulnerabilidad, maltrato, pobreza o explotación”. “Nos emplazamos como Iglesia y sociedad a buscar soluciones basadas en el diálogo entre Estados, la atención personalizada y garantista de derechos, la solidaridad a todos los niveles y la seguridad de todos”, concluyen.
Por su parte, la Comisión General Justicia y Paz, se ha unido “a la petición del Defensor del Pueblo en la que se exige que se cese de modo inmediatamente la devoluciones de menores por no reunir las debidas garantías”. La entidad perteneciente a la red Migrantes con Derechos recuerda que estos menores migrantes “cruzaron a Ceuta durante la crisis de mayo”.
En un comunicado fechado este 14 de mayo, manifiestan “nuestra defensa de los derechos de las niñas y niños que se encuentran en Ceuta” y recuerdan “que la legislación española pone el interés superior del menor por encina de otros intereses”. Finalmente señala que el Estado español es el “que debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección a la infancia”.
