Las entidades sociales se unen para mandar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que denuncian la ilegalidad de las devoluciones de los niños y adolescentes a Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido una carta firmada por 28 organizaciones no gubernamentales especializadas en el trabajo con migrantes en la que le exigen la suspensión inmediata de las repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados programadas por Moncloa en Ceuta.
Entre estas entidades, se encuentran tres realidades eclesiales: Cáritas, la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas y el Servicio Jesuita a Migrantes. En la misiva firmada también, entre otros, por Save the Children o Amnistía Internacional, las ong denuncian que este proceso, suspendido ahora de forma cautelar por un juzgado de la ciudad autónoma, se está realizando “de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada”.
Además, en la misiva recuerdan que el Comité de Derecho del Niño también se ha sumado a esta petición de paralización. A través de una comunicación individual que alega la violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Esta plataforma de entidades subrayan que, antes de tomar cualquier decisión respecto a un menor migrante, “las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen”.
Con este punto de partida, sólo podría darse el retorno al país de origen, en este caso a Marruecos, si se cumplen tres condiciones: el interés superior del niño, asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su regreso y respetar las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.
Para las organizaciones, no solo no se cumplen estos puntos, sino que además subrayan la jurisprudencia marcada por el Tribunal Constitucionalen dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, en las que reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse judicialmente a su repatriación a Marruecos, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses. “Este derecho está siendo sistemática y gravemente vulnerado por el Estado español a las decenas de niños marroquíes que ya han sido repatriados a Marruecos sin las debidas garantías, entre ellas, sin haber sido escuchados y sin asistencia letrada”, exponen estas entidades en un comunicado conjunto.