La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de la Dimensión Episcopal de Vida, cuyo responsable es el obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Jesús José Herrera Quiñones, pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprobar proyectos en contra de la vida.
El Podcast de Vida Nueva: Afganistán, el libro vivo del Éxodo- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Y es que en esta semana los ministros del máximo órgano de justicia del país darán salida a dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el derecho a la vida.
Uno de los proyectos propone anular el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que eliminaría el castigo de cárcel para la mujer y todos los involucrados en el aborto. De esta manera, cualquier persona podría practicar un aborto en cualquier momento, siempre y cuando la mujer embarazada esté de acuerdo.
Este mismo proyecto señala que si bien el producto de la concepción es un bien tutelado, la protección debe ser gradual, dependiendo del desarrollo del embrión.
En ese sentido, los obispos mexicanos recordaron a los ministros que la dignidad humana y los derechos fundamentales no son una cuestión de votación, sino de reconocimiento y respeto.
“Con humildad y claridad en este momento de dificultad, zozobra, ambigüedad e incertidumbre nacional en relación a la cultura de la vida, queremos recordar que el ser humano, hijo de un padre y una madre, cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida, y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad”, señalaron.
Protección por igual
Otro de los proyectos a discutir es la anulación del artículo 41 Bis A de la Constitución del estado de Sinaloa, que señala que todo individuo entra bajo la protección de la ley a partir de la concepción.
El argumento del ministro que presentó el proyecto de sentencia es que el estado no puede proteger a una vida que no es autónoma; de igual forma, pide priorizar la protección a la calidad de vida que la protección a la vida biológica.
Los obispos confiaron en que “la pauta que guiará la resolución de los ministros de la Suprema Corte sea la de la justicia que da a cada quien lo suyo, y en este caso otorgue la protección equivalente a la madre y al hijo no nacido, sin discriminación por su grado de desarrollo”.
Asimismo, reiteraron su confianza en que sea reconocido el derecho fundamental a la objeción de conciencia del personal de salud para no verse obligado a participar en un acto que atente contra sus convicciones personalísimas o contra de su fe.
“Encomendamos a Santa María de Guadalupe, Madre de nuestra patria y custodia de la vida, que vele por todos los mexicanos en todo momento y lugar, en especial por los que están sufriendo los embates de esta pandemia, y que toque los corazones para que acojamos con amor especial al descartado, al más frágil, inocente y vulnerable“.
Dos de cada tres mexicanos en favor de la vida
Por otro lado, en conferencia de prensa, y en referencia a los asuntos que serán discutidos por los ministros de justicia, Alison González, directora general de Pasos por la Vida, exigió a la SCJN respetar el derecho a la vida “que está ratificado en las constituciones de Coahuila y Sinaloa, así como en distintos tratados internacionales a los que el Estado mexicano está suscrito, puesto que el derecho al aborto no existe”.
En ese contexto la organización provida dio a conocer una encuesta realizada por la empresa especializada Data Room by Strategos, con una muestra nacional de más de 3 mil cuestionarios cara a cara, cuyo resultado más sobresaliente es que dos de cada tres mexicanos están en favor del derecho a la vida y no “del derecho al aborto”.
Sobre este mismo asunto se pronunció la Arquidiócesis de México, que dirige el cardenal Carlos Aguiar. En la editorial de su órgano informativo Desde la fe consideró que la aprobación de esos proyectos representaría un retroceso muy grave en materia de derechos humanos, “pues no todos los seres humanos podrían recibir la misma protección de la ley; es decir, habría seres humanos de primera y de segunda clase… sería un precedente negro en materia de derechos humanos, pues los legisladores estarían limitados por ley a proteger sólo la vida autónoma”.
