El curso 2021-2022 da comienzo en medio de una pandemia que aún no se da por finalizada y con los vestigios de la LOMLOE –conocida como Ley Celaá–, cuya puesta en marcha, si bien empezó en enero, será este curso el primero en el que se aplique formalmente.
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“Ahora mismo, lo que más nos preocupa es la atención que los centros tengan por parte de las administraciones autonómicas para llevar la actividad en época de pandemia todavía”, dice a Vida Nueva Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas. Y es que, en una situación en la que más del 70% de la población española está vacunada, la gran mayoría de quienes asisten a los colegios no lo están: los menores de 15 años.
Este será, además, el primer curso con la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, a quien, desde Escuelas Católicas solo se le pide que tenga en cuenta el servicio público de la educación concertada a la sociedad. “Hace unos días la nueva ministra lo reconocía, y, lógicamente, nos alegra escucharlo, pero nos alegraría mucho más poder comprobarlo de forma efectiva y real en la vida de los centros y, sobre todo, en el modo en el que se legisla”.
Por ejemplo, en si van a llegar o no a los centros concertados los fondos europeos de recuperación. “Esto no es una ayuda a los centros sino a la educación, a las familias y a los alumnos. Y lo vamos a seguir reivindicando”, afirma Huerta.
Ser puntos de encuentro
“Desde Escuelas Católicas siempre hemos mantenido un buen diálogo, una buena comunicación con la ministra Isabel Celaá, así como la actual ministra, que se ha puesto en contacto con nosotros para expresarnos su voluntad de seguir manteniendo el encuentro, el diálogo y la colaboración”, explica. “Lo que esperamos del cambio en el ministerio es lo que no se produjo con la anterior: hubo diálogo, encuentro, participación… pero no hubo escucha”.
Por ello, desde Escuelas Católicas esperan que, con este inicio de curso, se encuentre “un cauce de reconocimiento y colaboración en cuanto a lo que es la enseñanza concertada, sobre todo católica, por el peso que tiene en nuestro país y la vocación de ser puntos de encuentro, abiertos y plurales”, con el fin último de “evitar que la educación forme parte de la crispación política”. Y, de paso, que la ministra “cumpla su promesa de trabajar en un pacto estatal de educación, ante el que puede contar con toda nuestra colaboración”.
