Dentro de poco tiempo, en México comenzarán a verse abortorios por todas partes; 23 de los 32 estados que actualmente protegen la vida en sus respectivas constituciones, empezarán a sufrir fuertes presiones de grupos feministas radicales para que sus congresos eliminen el candado que evita atentar contra los concebidos; y a nivel federal, se buscará modificar la Ley General de Salud para hacer del aborto una política pública y obligar al Estado a practicarlo con el dinero de los contribuyentes.
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Este es, a grandes rasgos, el escenario que la comunidad provida en México prevé para un futuro cercano, después de que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera dos actos de inconstitucionalidad relacionados con el aborto; resoluciones que han provocado un fuerte debate en el país y enfrentado a la sociedad.
Según la Suprema Corte, es inconstitucional penalizar el aborto cuando la embarazada decida realizarlo, y también lo es que los congresos locales otorguen personalidad al ser humano desde su concepción con la finalidad de protegerlo.
Dictamen impreciso
En contra de lo publicado por algunos medios de comunicación –en el sentido de que, tras los fallos de la Corte, habían ondeado los pañuelos verdes en las calles del país–, solo algunos colectivos feministas se congregaron en lugares clave para celebrar lo que hasta ese momento aún se desconocía: el alcance legal de ambas resoluciones.
Y es que, el dictamen final había resultado tan impreciso, que la propia Iglesia publicó casi dos días después su postura en torno a la primera resolución, sobre la declaración de inconstitucionalidad de criminalizar el aborto en el estado de Coahuila, la cual sentó jurisprudencia.
“Esta jurisprudencia –explica a Vida Nueva el responsable de la Dimensión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Primada de México, Jesús Valdez de los Santos– es para el ámbito judicial. Esto no significa que los 23 estados del país que protegen la vida humana desde su concepción hasta la muerte estén obligados a modificar sus constituciones; sin embargo, iremos viendo a quienes, utilizando esta jurisprudencia, buscarán hacerles creer a los legisladores locales que deben adecuar las constituciones a lo que ha fallado la Corte. Por esta razón, es importante que tengan muy claro que el legislativo y el judicial son poderes muy diferentes”.
Personas presas
En la práctica, lo que ocurrirá –detalla Valdez sobre la primera sentencia– es que, si una mujer es detenida por abortar en alguno de los estados donde las leyes castigan esta práctica con la cárcel, su abogado deberá tramitar un amparo apelando a esta jurisprudencia para evitar que sea encerrada. Y lo mismo harán los abortorios para comenzarse a instalar. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio de 2021, reflejan que, de las 107 personas presas por el delito del aborto en México, 103 son varones y cuatro mujeres.
La respuesta de la Conferencia del Episcopado de México (CEM) a las resoluciones de la SCJN fue contundente. En un mensaje firmado por su presidente, el arzobispo Rogelio Cabrera López, los obispos dejan claro que la Iglesia sabe que la cárcel no es la solución para la mujer que aborta ni, mucho menos, la pena de muerte que pesa sobre el concebido, cuya decisión está en manos de terceros.
Sin embargo, cuestionan fuertemente a los ministros, particularmente por su discurso para justificar el derecho de la mujer a decidir, frente a una limitada argumentación para defender la vida en el vientre materno, al considerar que no hay unanimidad en los criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual empieza la vida y, por tanto, el Estado debe protegerla.
