La policía llegó a la Plaza Brasil, de Iquique, a desalojar de ese lugar a unas 130 familias de inmigrantes, la mayoría venezolanos. El gobierno argumenta que ya había informado que tomaría esta medida. Así lo explico el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado: “El desalojo de esta plaza y de otros lugares es porque no está permitido utilizar los espacios públicos, que tienen fin de esparcimiento y recreación, para poner sus viviendas transitorias” y agregó que fue “algo que se había advertido y hoy se está concretando”.
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Aunque la policía no actuó con violencia, hubo 14 detenidos por desórdenes, maltrato de obra a Carabineros, agresión con arma cortante a un vecino del sector y lanzamiento de elemento incendiario.
Un sinsentido
“Hemos planteado al Gobierno que es un sinsentido desalojar para que las personas se queden en la calle, porque van a ocupar otra plaza”, dijo a radio Cooperativa el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien tachó este desalojo como una “cortina de humo” del gobierno para desviar la atención del fracaso de su política migratoria.
Soria dijo que entran a Tarapacá 250 personas diarias, principalmente por Colchane, en el altiplano, y que desalojar esa plaza sólo empuja a esas familias a buscar otro lugar. De hecho muchos se trasladaron a la playa de Cavancha. La meta de ellos es continuar hacia el sur, principalmente Santiago.
Por ello, el mismo Soria mostró la necesidad de “generar un albergue para poder controlar a todas las personas que ingresan de forma irregular a nuestro país, que se les pueda hacer un test sanitario, revisar quiénes son y empezar un trabajo profesional a ver si tienen reunificación familiar o ver sus antecedentes migratorios”, dijo el alcalde.
Albergues adecuados
El verano del 2020 se produjo también ingreso masivo de inmigrantes, pero fue posible habilitarles albergues en colegios. Hoy, sin cuarentena, los colegios están con sus actividades habituales por lo que no hay lugares donde acoger a estas familias.
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), declaró a la prensa que “una solución real y seria para lo que está ocurriendo hoy en la Plaza Brasil, que se le ha planteado múltiples veces al Delegado Presidencial, debe incluir el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización. De lo contrario solo se perpetuará un círculo de irregularidad, exclusión e incluso rechazo”.
Ureta expresó el rechazo del SJM a este desalojo y condenó “la violencia como respuesta a un problema humanitario y sanitario. Estamos siendo testigos de que han golpeado a menores de edad y mujeres embarazadas. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de personas que se encuentran en ese lugar y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia”.
Paso fronterizo
Limitando con Bolivia, en el altiplano, Colchane es un pueblo de 1.600 habitantes, a 3 kilómetros de Pisiga, en Bolivia. Es un paso fronterizo que cuenta con aduana y los servicios administrativos correspondientes. Aunque el gobierno chileno mantiene cerradas sus fronteras, excepto el aeropuerto internacional de Santiago, a través del desierto cientos de inmigrantes pasan desde Bolivia por sectores sin vigilancia.
Esta invasión diaria provoca graves problemas en Colchane. Su alcalde, Javier García, señaló que necesitan más recursos en salud, ya que hay un consultorio que normalmente atiende a 15 personas y actualmente está atendiendo a más de 100 personas diarias.
El alcalde García dijo al diario electrónico El Mostrador: “lo que está haciendo el Gobierno es dilatar esta situación para que el próximo Gobierno se haga responsable de este fenómeno que se les escapó de las manos” y más adelante indicó que “estamos en un problema que escapa de la capacidad de respuesta de un municipio. Hoy día estamos frente a un fenómeno que está afectando no solamente a Tarapacá, sino también a otras regiones del país”.
