La Iglesia española “no aprueba ninguna terapia de conversión” gay

“La Iglesia no se reconoce en las terapias de conversión, no aprobamos estas terapias”. Así de claro lo ha expresado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, al ser preguntado sobre las terapias de conversión gay efectuadas por ‘Verdad y libertad’ durante la rueda de prensa con motivo de la finalización de la Comisión Permanente de la CEE, celebrada en Madrid del 28 al 29 de septiembre.

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“No somos médicos. Nosotros hablamos de acompañamiento y, en este caso en personas de crisis personal respecto a su orientación sexual, se puede considerar que un acompañamiento es terapéútico”, ha puntualizado. En ese sentido, “reivindicamos el derecho a acompañar a cualquier persona que quiera sentirse acompañada”.

Asimismo, ha querido aclarar que ‘Verdad y libertad’ no es “una asociación católica”. “En ella puede haber personas que se sientan católicas, pero no es católica”, ha agregado el también obispo auxiliar de Valladolid.

Defensa de los ‘rescatadores’

Por otro lado, preguntado por la decisión del Gobierno de prohibir rezar frente a clínicas abortistas, ha manifestado su pesar por que se considere “ultraconservador oponerse al aborto y, sin embargo, se considere super progresista” lo contrario. “La vida humana debe ser una especie protegida”, ha clamado.

A Argüello le sorprende que “la muerte de una nueva vida en el seno de la madre se considere un derecho, pero no lo es la presencia en la calle para poder orar y ofrecer a estas personas otras ayudas”, un derecho que, según ha expresado, se ampara en el derecho a la libertad de expresión y al derecho de manifestación. Así, ha subrayado que “la presencia de estas personas, llamados ‘rescatadores’, solo busca recordar con la oración la dignidad sagrada de la vida humana”.

También sobre el aborto, ha mostrado su disconformidad con el registro de objetores de conciencia propuesto por el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero. Con el que, según el Ministerio, se pretende tener una visión clara de la capacidad de los centro públicos para llevar a cabo abortos y, de esta manera, poder garantizar el acceso al mismo en la Seguridad Social y que las mujeres no tengan que acceder a recursos privados.