Una enorme expectación ha rodeado las dos sesiones del juicio por los escándalos financieros del Vaticano, celebradas ayer y hoy, tras la sesión de apertura del pasado julio. El “espectáculo” tenía como escenario una sala multifuncional de los Museos necesaria para dar cabida a los diez imputados –el más “mediático”, el cardenal Giovanni Angelo Becciu– con su numerosa cohorte de abogados. También un grupo de periodistas hemos tenido la oportunidad de seguir presencialmente la vista oral.
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La sesión la presidía el juez Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto al fiscal adjunto, Alessandro Diddi. Entre los acusados, algunos eclesiásticos, como Alberto Perlasca, los funcionarios vaticanos René Brülhart y Tommasso di Riuza, ex presidente y ex director general de la Autoridad de Supervisión Financiera (AIF), respectivamente, varios empleados de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y brokers que participaron en la operación de la compra del edificio Londres.
En la sesión del martes 5, se produjo un severo desencuentro entre la fiscalía y la absoluta mayoría de los abogados defensores. Diddi, en varias y no muy afortunadas intervenciones, pidió a Pignatone que el proceso vuelva a la fase de instrucción, partiendo de cero, y se lamentó de que en algunos medios periodísticos se hubiese afirmado que la sentencia estaba ya dictada antes de iniciar la vista y que se habían utilizado pruebas falsas.
Grabación clave
Por su parte, los abogados tanto de los imputados como de las partes civiles presentes en la causa –la Secretaría de Estado y el IOR– denunciaron que no les habían entregado todos los documentos de que disponía el tribunal, más en concreto, la transcendental grabación de los cinco interrogatorios a los que se sometió a Perlasca. Este sacerdote era el jefe de la sección administrativa de la Secretaría de Estado entre 2009 y 2019, y uno de los que autorizó y firmó la compra opaca del inmueble. A la luz de esta laguna, pedían la nulidad del proceso.
Al juez Pignatone no le quedaba más remedio que suspender la sesión y volver a citarnos hoy a las nueve y media de la mañana para anunciar su decisión. Esta puede calificarse de salomónica. El Tribunal ha ordenado la parcial restitución de las actas a una parte de los imputados y de los delitos de los que se les acusa a la Oficina del Promotor de Justicia (el fiscal en el argot vaticano).
La corte también solicita que, antes del 3 de noviembre, se proceda al depósito en la cancillería de todas las actas que todavía faltan, incluido el vídeo con los testimonios de Perlasca. En cualquier caso, queda desestimada la petición de anular el juicio por parte del equipo de Becciu. Aun así, el abogado del purpurado acogió favorablemente la decisión de rehacer el sumario relativo al ex cardenal con un interrogatorio en torno a dos de los cuatro delitos que se le imputan y por los que no había sido escuchado, uno de ellos por presunto soborno a Perlasca.
El proceso se reanudará el 17 de noviembre. Habrá que esperar, por tanto, para esclarecer la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede unos 175 millones de euros.
