Un pastor a media jornada para Ciudad Rodrigo y Salamanca

Con la pandemia, Ciudad Rodrigo perdió el único tren de viajeros que paraba en su estación. Literalmente. La sensación de vacío y de pérdida ha aumentado el pasado lunes, 15 de noviembre, cuando el Vaticano hacía público el nombramiento del actual obispo de Plasencia, José Luis Retana Gozalo, como nuevo obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, bajo la fórmula in persona episcopi, es decir, un único obispo para dos iglesias locales que mantienen su estructura y funcionamiento. Aunque se veía venir esta decisión en los últimos años, las aguas aún no bajan serenas.

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Sacerdotes, agrupaciones laicales e incluso partidos políticos se han movilizado en este tiempo de forma regular ante el miedo a la desaparición. Así, el pasado mes de mayo, un grupo de fieles de la diócesis civitatense instaló unas cuantas siluetas de animales con versículos bíblicos en las zonas verdes de la localidad, como protesta por el retraso en el nombramiento de un obispo titular por parte del nuncio. Un rebaño de una decena de ovejas descarriadas, con versículos de los salmos a los evangelios, pasando por los profetas, denunciaban la falta de un pastor que acompañe a su grey.

Por el camino, la práctica totalidad de los partidos del Parlamento de Castilla y León casi aprueban por unanimidad una declaración institucional apostando por “la continuidad de la diócesis y de un obispo propio, exclusivo y residencial,” ante la “incertidumbre general en la ciudad y su Tierra, asentada en los históricos rumores que se reanudan cada vez que la sede episcopal de Ciudad Rodrigo queda vacante, y que aluden a la absorción o a la unificación con la Diócesis de Salamanca compartiendo obispo, con lo cual, si bien sobre el papel seguiría existiendo una diócesis civitatense, en la práctica sería una anexión a la salmantina, con lo que se perdería una institución que, con cerca de nueve siglos de existencia, ha distinguido la Tierra de Ciudad Rodrigo”.

Finalmente, un diputado del grupo Por Ávila impidió, minutos antes, que se leyera el texto en el pleno, pese al apoyo del resto de formaciones, desde Unidas Podemos hasta Vox. Finalmente, en junio, PP, PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprobaron esta resolución, con rango de proposición no de ley, que había tumbado este diputado del Parlamento autonómico.

Administradores

La caja de los truenos de la supresión de la diócesis ha crecido en intensidad prácticamente desde 2018, cuando Raúl Berzosa inició un retiro temporal. Aunque se había provisto a la diócesis de los obispos Francisco Gil Hellín y Jesús García Burillo como administradores apostólicos, sabía a poco esta solución provisional entre algunos sacerdotes y feligreses. Un momento clave fue la publicación, el pasado 6 de enero, de una carta firmada por el ex vicario general, Tomás Muñoz, en la que invitaba a la comunidad a defender la Iglesia local.

“Hace dos años que nuestra Iglesia diocesana está en una frágil situación de orfandad, y este prolongado silencio nos revela, con certeza, que le falta quien le dé voz, ante los responsables de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede”, señalaba el sacerdote. “¿Es posible, pensamos algunos, eliminar una Iglesia buena, hermosa y centenaria, en el silencio? ¿Será posible tomar la decisión más importante en la historia de la Iglesia Civitatense, cuando se encuentra en la situación más triste y frágil, sin su obispo residencial, y sin una sola palabra para sus hijos?”, se preguntaba. Algunos fieles comenzaron a recoger filas enseguida.

Tocado en este conflicto ha quedado García Burillo, que, aunque ha trasladado su residencia a la ciudad salmantina, parece no contentar a los más críticos, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos y laicos, tal y como ha podido constatar esta revista de primera mano. El pasado mes de enero, exhortó a sus diocesanos a no colaborar “con vuestros actos en ninguna campaña que pretenda intimidar a la Santa Sede en su decisión sobre el futuro obispo de nuestra Diócesis de Ciudad Rodrigo”.

Diócesis con buena salud

En esa misma carta dirigida entonces a la comunidad diocesana, reivindicaba su papel de “defensa” de la diócesis como parte de su encomienda pontificia. “Cuando un administrador apostólico es nombrado en una diócesis, es precisamente para defenderla. Defenderla de algún desorden, o de problemas internos, o de otras circunstancias. Y eso es lo que yo he pretendido hacer con sencillez en todas mis actuaciones. He tratado, ante todo, de normalizar la vida de esta diócesis, después de un largo período de sospechas y divisiones”, explicaba a principios de año el también obispo emérito de Ávila.

Ya unos meses antes, en noviembre de 2019, el propio prelado había tenido que desmentir algunas informaciones, poniendo en valor que “la Iglesia de Ciudad Rodrigo goza de buena salud, porque tenemos ocho siglos y medio de existencia, con 35.000 habitantes, 121 parroquias, una Diócesis perfectamente organizada, con una Curia, delegaciones, secretariados, organismos, siete arciprestazgos, tres monasterios, once casas religiosas y un Seminario que viene a ser como la columna vertebral de la Diócesis”.