Los obispos paraguayos expresaron su preocupación ante los forzosos desalojos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos, que se vienen desarrollando en distintas zonas del país.
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Además, manifestaron su indignación e instaron a las autoridades a preservar y cuidar los derechos de los pueblos originarios y el derecho a la tierra.
Igualdad ante la ley
En el comunicado, los miembros del Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal del Paraguay (CEP) pidieron que se revisen los procedimientos realizados, a la vez que recordaron que la justicia, libre de arbitrariedades y respetuosa de los principios constitucionales, asegura la igualdad ante la ley y la dignidad de todos los ciudadanos con sus derechos y obligaciones.
“Ante todo, pedimos que se proteja la vida de los más vulnerables, asegurando que en sus reclamos legítimos o en disputas por conflictos de propiedad estos no se vean perjudicados o postergados en favor del poder económico de otros”, aseveraron los obispos.
Alertaron que si las acciones lesionan el sentido y la aplicación de los preceptos de la Constitución Nacional, se desacraliza la fe depositada en las leyes y en sus autoridades. “En todos los casos se debe garantizar que no serán amparadas las acciones inicuas ni tolerada la impunidad”, dijeron.
Los reclamos
Los obispos pidieron, entonces, que se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan, para asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento.
Asimismo, priorizar la atención del derecho a la tierra y a la propiedad para todos los paraguayos, y disponer los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria que contemple la promoción de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, y las iniciativas que aseguren la protección de la ecología en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible. Y agregaron: “Es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en nuestra casa común”.
El Consejo Episcopal recomendó que no se anteponga la necesidad de tipificar delitos a la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de la paz social. Desde su opinión, los legisladores deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos, antes que criminalizar.
Teniendo en cuenta esta situación, reclamaron evaluar la derogación de la modificación realizada al Código Penal o revisarla con mecanismos de control y diálogo.
Insistieron en crecer en una cultura política y social del diálogo entre hermanos y favorecer el encuentro en la búsqueda de consensos y acuerdos que aseguran una sociedad justa, armoniosa y plena, donde no hay exclusiones ni diferencias injustas.
Finalmente, invitaron a sensibilizarse ante las necesidades que generó la pandemia y tomar las decisiones oportunas para atender a todos los paraguayos.
