América

La Iglesia brasileña denuncia ataques sistemáticos contra pueblos indígenas de la Amazonía

Organizaciones eclesiales, abanderadas por la Conferencia de Obispos, advierten de los graves riesgos de la minería amparada por el Gobierno





La Iglesia brasileña ha alzado su voz en defensa de la Amazonía contra lo que ha calificado de ataque sistemático a través de la minería ilegal en las riberas del río Madeira entre Rondonia y Amazonas.



Organizaciones eclesiales, abanderadas por la Conferencia de Obispos, han denunciado que el general Augusto Heleno, ministro de Seguridad institucional y secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional de la Presidencia de la República, autorizó siete proyectos de minería “en tierra sagrada de San Gabriel de Cachoeira”.

Esto en referencia a la reserva de San Gabriel, una gran zona de reserva de la Amazonía, que alberga a 23 etnias indígenas, que se agrupan en la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro.

“En ese mismo periodo, por primera vez, aparece la amenaza inconstitucional de entregar la mitad de una tierra indígena ya demarcada y homologada para agricultores no indígenas. El territorio Apyterewa, de la etinia Parakanã, fue invadido y devastado bajo el apoyo de políticos locales”, han señalado.

Alianzas destructoras

En tanto, denuncian que hay una alianza de poder y desmantelamiento, integrada por acaparadores de tierras, mineros, grandes empresas mineras y, sobre todo, la agroindustria.

AL tiempo lamentan: “Se ha ido fortaleciendo cada vez más dentro del Congreso Nacional, que tiene en la agenda al menos tres Proyectos de Ley muy peligrosos para el futuro del país”.

El primero con el número 191 propone la liberación de la minería así como la construcción de centrales hidroeléctricas, en tierras indígenas, aún cuando ha sido considerado inconstitucional sigue en trámite en el Congreso.

Sigue el 2159, que propone la flexibilidad de las licencias ambientales, permitiendo una simple licencia autodeclaratoria por adhesión a compromiso.

Finalmente el 510 o la denominada regularización de la tenencia de la tierra, una amnistía por deforestaciones ilegales e invasiones de tierras, realizada en 2014 y allana el camino para la ocupación de 37 millones de hectáreas, 24 millones de las cuales son bosques ubicados en tierras de la Unión.

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