Los abogados del cardenal Angelo Becciu, imputado por presunta malversación y soborno, exigen una rectificación a L’Osservatore Romano, diario oficial de la Santa Sede, por considerar que un reciente artículo del director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli, “parece distorsionar la realidad del juicio” en el que está encausado el purpurado.
“La falta de correspondencia con la realidad del juicio, merece ser rectificada de acuerdo con la noticia y la verdad que su periódico plantea como un presupuesto infalible de información veraz y fiel”, demandan en plena Nochebuena los representantes legales del que fuera sustituto de la Secretaría de Estado y prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
De esta manera, los también portavoces del purpurado defenestrado por Francisco, considera que el texto supondría “un intento por reducir y casi ‘normalizar’ las múltiples violaciones procesales sobre las que intervino la Corte, sancionándolas para asegurar el riguroso respeto a los derechos de defensa”. En esta línea, se le reprocha “la adopción de un procedimiento penal de excepción sólo para este caso, sobre el cual no se dice una palabra en el artículo”.
Lo cierto es que las reflexiones de Tornielli expuestas en ‘Una prueba sin precedentes’ el pasado 20 de diciembre hacían hincapié en la transparencia del proceso judicial, así como el deseo de la Santa Sede de llegar hasta el fono en aras de la transparencia. “jamás en las últimas décadas la justicia vaticana se ha enfrentado a una investigación y un juicio tan complejos y con un número tan elevado de acusados”, escribía en lo que definía como “una verdadera ‘prueba de fuerza’ para el sistema judicial”.
Sin embargo, la defensa de Becciu va más allá y habla de “un juicio ‘mutilado’”, subrayando “incluso un retroceso con respecto a la situación inicial”, denunciando que no han tenido acceso a la totalidad de los documentos de la instrucción que, según ellos, hace que no se hayan respetado “los niveles mínimos de garantías” con las correspondientes “lesiones fundamentales a los derechos de los imputados, presuntos inocentes”.
Para los representantes del purpurado y, por tanto, también para el propio acusado, “el motivo se encuentra precisamente en los rechazos impuestos por la Corte a las violaciones a los derechos de defensa en las que la Oficina de ha incurrido el Promotor de Justicia, de tal manera que prejuzga cualquier perspectiva de celebración de un ‘juicio justo’ dirigido en la completa constatación de los hechos”.