El sacerdote jesuita Jorge Atilano reflexiona para Vida Nueva en torno a las causas y posibles soluciones a dicha problemática, luego de un aumento de 390 por ciento en la cifra de desplazados por violencia en el país
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2021 se multiplico el número de mexicanos que se vieron obligados a huir de sus comunidades a otras partes del país, debido a la violencia.
La CMDPDH revela que entre enero y octubre de 2021, al menos 36 mil 682 personas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado. Esta cifra es 390 por ciento mayor a la del mismo periodo de 2020, cuando la organización contabilizó 7 mil 486 víctimas.
Durante el año que concluyó, los desplazamientos ocurrieron principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora.
En entrevista para Vida Nueva el sacerdote jesuita Jorge Atilano González Candia, asistente del Provincial para las Obras Sociales de los Jesuitas de México y ex director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) Jesuitas por la Paz, consideró que entre las posibles soluciones para acabar con este flagelo, es necesario, en primer lugar, estrategias de análisis delictivo, de actuación, pero sobre todo, coordinación entre policía y ciudadanía.
PREGUNTA.- ¿Cuáles son los principales factores que originan la violencia que ha provocado estos desplazamientos?
RESPUESTA.- En mi visita a las obras jesuitas me he dado cuenta de la situación de los desplazamientos internos en los estados de Chihuahua, Chiapas y Michoacán, y los principales factores son el reposicionamiento que están teniendo los grupos armados ligados a las economías criminales. La estrategia de no atacar a los grupos armados incrementa la disputa por el control territorial, el control de la vida institucional de los gobiernos municipales y el control de la vida comunitaria.
Ahora bien, otros desplazamientos son por conflictos territoriales entre pobladores, sobre todo temas de tierras. Hay una ausencia de instancias que permitan dirimir conflictos familiares o comunitarios. Urge formar mediadores comunitarios y tener el respaldo de instancias oficiales.
P.- ¿Qué acciones debieran poner en marcha las autoridades estatales y federales para controlar los desplazamientos por violencia?
R.- Las autoridades estatales y federales necesitan comprender las causas de la violencia y atenderlas; no se pueden pasar atendiendo los efectos toda la vida. Se tienen que atender las causas, como es la desorganización vecinal y el debilitamiento de las policías municipales. Ahí está la raíz de la violencia en México. Los grupos delictivos en México se han multiplicado, los cárteles están fragmentados y estamos delante de una micro delincuencia. Se necesita el conocimiento del territorio, de la comunidad y de la vida institucional local, y ahí es clave el papel de la ciudadanía organizada y la policía municipal.
En México tenemos casos de municipios que han logrado sostener bajos índices delictivos en los últimos 10 años, y eso ha sido gracias a la comunidad organizada y a una policía de proximidad. No conozco el caso de un municipio que haya sostenido bajos índices delictivos en 10 años por la presencia del ejército o la guardia nacional. Se necesitan instalar estrategias de análisis delictivo, de actuación y sobre todo de coordinación entre policía y ciudadanía.
P.- ¿De qué manera puede ayudar la Iglesia en este proceso?
R.- La Iglesia tendría que ayudar a comprender la realidad que vivimos, su visión integral de la vida permite analizar el problema de manera multicausal. En el fondo, la realidad que vivimos en México y América Latina es un proceso de desvinculación, y esto ha llevado a la pérdida de instancias capaces de regular la conducta de las personas. Las personas se regulan por los vínculos que establecen, sea con Dios, con su territorio, con su historia o la propia familia o comunidad.
El individualismo generado por el modelo de vida que predomina, centrado en el desarrollo económico, es el gran causante de la violencia que vivimos en México; necesitamos una visión comunitaria de la vida y ahí la Iglesia, como comunidad de comunidades, tiene mucho que aportar. Esa visión individualista ha llevado a la desorganización vecinal y a instalar una visión inmediatista que pretender resolver los problemas con el uso de la fuerza y en detrimento de la vida institucional local, como es la militarización.
P.- Actualmente los jesuitas en particular llevan a cabo algunos programas que estén implementando para alcanzar la paz y acabar con la violencia, ¿en qué entidades?
R.- Los jesuitas están implementando proyectos de reconstrucción del tejido social en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Coahuila a través del CIAS por la Paz A.C., organizaciones sociales alidadas y gobiernos municipales. Donde ha participado la policía municipal se han tenido mayores resultados en la disminución de los delitos.
De hecho, en el mes de marzo de este año el CIAS por la Paz lanzará el libro “Policía municipal y organización comunitaria: un desafío para la paz”, donde se recoge la experiencia de los ocho municipios en México que han logrado sostener bajos índices delictivos y se identifican los factores que han permitido esos logros. Será un texto que ayude a comprender la importancia de la colaboración entre ciudadanía organizada y policías municipales.