Giro inesperado. Para bien. Cuando prácticamente se daba por perdida la posibilidad de que la Justicia salvadoreña diera un paso al frente para abordar el asesinato de los mártires de la UCA. La Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo del país centroamericano ha avalado la reapertura del caso del asesinato en 1989 de seis religiosos jesuitas -cinco españoles encabezados por Ignacio Ellacuría-, una empleada doméstica y su hija en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
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En septiembre la Sala de lo Penal del Supremo cerró el expediente con el argumento de que los delitos habían prescrito. Dos de los tres votos de sus miembros confirmaron un sobreseimiento que ahora queda cuestionado. Sin embargo, ahora ha prosperado el recurso contra la resolución que declaraba la nulidad del proceso y deja todo en manos de la Sala del Constitucional. “Invalídese la resolución del 8 de septiembre de 2020 (…) por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia”, dicta la resolución hecha pública el 5 de enero.
Obstaculización a las familias
En el nuevo dictamen se subraya que la Sala de lo Penal vulneró los derechos fundamentales de las víctimas, sus familiares y de la sociedad la cerrar el proceso. Incluso se lamenta de que esa decisión “devino en una obstaculización a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general del acceso al órgano jurisdiccional para que este se pronunciara sobre su pretensión y, por ello, no han sido posibles la justicia ni la posterior reparación. integral”.
De esta manera, se abriría la puerta a que el ex presidente Alfredo Cristiani y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas se sienten en el banquillo de los acusados, en lo que podría marcar un antes y un después en el camino hacia la reconciliación de El Salvador tras una guerra civil que trajo consigo 75.000 muertos. La ONU estima que el 80% de los asesinatos cometidos fueron a manos de las fuerzas armadas. De hecho, en el caso de los mártires de la UCA, también están encausados tres militares considerados como autores intelectuales de la masacre: Orlando Zepeda, Francisco Herrera Fuentes y Rafael Humberto Larios.
Conseguir justicia
La postura adoptada ahora por el Supremo es de tal relevancia que el propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se posicionó cuando apenas trascendió. Así, el líder salvadoreño advirtió de que “no se tolerará la impunidad”: “Ahora se reabre la posibilidad de conseguir justicia”.
Bukele apreció además que “es importante que se sepa que de ahora en adelante no se tolerará ningún crimen por más alto (el cargo) de la persona que lo cometa”. “No es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno ordenen masacres y básicamente el crimen pase en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia”, sentenció el mandatario.
Para el fiscal general Rodolfo Delgado, este recursos supone un aval clave: “Durante años, tanto voces nacionales como internacionales reclamaron justicia en el Caso Jesuitas”, ha expuesto en su cuenta de Twitter, al considerar que “la Sala de los Constitucional nos da la razón” y, por tanto, “el caso será reabierto”. “Vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia entre estos viles asesinatos”, subraya Delgado.
