“Un paso importante que exige compromisos más amplios“. Así ha valorado Cáritas el anteproyecto de la Ley de Cooperación elaborado el Gobierno, el cual supone “un avance notable con respecto a la Ley del 98”. “Después de una década perdida para la cooperación, la apuesta por cumplir con el compromiso del 0,7% en 2030 es positiva”, señala Cáritas, que, asimismo, subraya que “ahora es necesario establecer una hoja de ruta clara en la que participen los distintos actores de la cooperación” y, para ello, hay que “establecer tareas concretas y plazos es clave”.
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Por todo ello, Cáritas considera que “el anteproyecto es un buen punto de partida, pero los enormes retos globales que enfrentamos exigen medidas que garanticen que la acción exterior cumple la Agenda 2030 y respeta los derechos humanos y el planeta”, la cual es una cuestión que “debe ser fortalecida por la Ley”.
Además, en un momento en el que el sistema de cooperación “vive una reforma integral”, este anteproyecto “es una pieza más de un amplio proceso que debe ser aprobado con el mayor consenso posible”. En consecuencia, “la discusión que se realizará los próximos meses en el Congreso será una buena oportunidad para concretar la propuesta y garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales“.
Cuestiones a tener en cuenta
Por otra parte, Cáritas ha ofrecido una serie de “cuestiones clave que deben ser incluidas en la Ley”. En primer lugar, que “la tramitación de la Ley inicia un camino que exige concretar algunas cuestiones esenciales para garantizar que está a la altura de la situación mundial actual, que contribuye a la garantía de los derechos humanos y a la protección del planeta, y que demuestra la responsabilidad de España en el mundo”.
Además, Cáritas señala que “la Ley debe recoger con más claridad la necesidad de un cambio de enfoque a la hora de enfrentar los retos globales. Debe ser una ley realmente transformadora y eso pasa necesariamente por un enfoque feminista y ecologista y por la protección del espacio cívico el derecho ciudadano a organizarse colectivamente para participar en los asuntos públicos”.
“La cooperación debe ser el centro de la acción exterior y guiar el resto de políticas; la Ley debe promover la coherencia de todas las políticas con la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta”, asevera la organización, añadiendo, además, que el papel de la sociedad civil “tanto española como del Sur global, debe ser reconocido de manera específica“. En este punto, Cáritas critica que “el texto no reconoce el papel de la ciudadanía y de las ONGD en la construcción histórica del sistema”.
“En un contexto mundial de regresión democrática, crecimiento de las desigualdades, el hambre o los conflictos, reiteramos nuestra disposición para construir, junto al Gobierno y los partidos políticos, una política de Estado que responda con rigor y eficacia a tales desafíos”, concluye la organización.
