El proceso judicial motivado por las supuestas irregularidades financieras cometidas por la Secretaría de Estado de la Santa Sede sufre un nuevo retraso: continuará el 18 de febrero, según informó Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. En la sexta audiencia celebrada este martes, que duró unos 40 minutos y comenzó con más de dos horas de retraso, Pignatone explicó además que quedan unificadas en el mismo juicio las dos causas que se llevaban ahora adelante de manera separada, debido a los errores cometidos en el sumario por parte de la Fiscalía.
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Dentro de tres semanas, por tanto, tendrán que responder a las distintas acusaciones a las que se enfrentan los 10 imputados, entre los que destaca el cardenal Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado cuando se realizaron las inversiones que han motivado el proceso. En el centro del caso está la compra de un edificio en un lujoso barrio de Londres, una operación en la que la Santa Sede habría sido estafada, sacando en cambio pingües beneficios varios intermediarios que ahora están acusados junto a Becciu.
No estuvo presente ninguno de los imputados en la audiencia de este martes, celebrada en una sala de los Museos Vaticanos, y en la que los abogados de Becciu se mostraron contrariados porque su defendido vaya a ser finalmente procesado. Consideraron incluso que el juicio será nulo. La letrada Maria Concetta Marzo denunció que el fiscal habría realizado una referencia a la moralidad del cardenal por el trato que mantenía con Cecilia Marogna, otra de las imputadas. Para Marzo esta valoración conlleva “la radical nulidad de la imputación”.
Perlasca, la ‘garganta profunda’ del proceso
Otros abogados criticaron igualmente a la Fiscalía por no haberles aportado toda la información pedida sobre la acusación a sus clientes. En particular lamentaron que no se les hayan entregado todos los videos y transcripciones de las declaraciones tomadas a monseñor Alberto Perlasca, la ‘garganta profunda’ de este proceso, pues fue durante años el jefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que se encargaba de las inversiones. Perlasca pasó de imputado a persona informada de los hechos tras comprometerse a colaborar con los investigadores.
En conversación con los periodistas que siguen el proceso en régimen de ‘pool’, el fiscal adjunto Alessandro Didi criticó a la defensa al asegurar que en cuatro meses ninguno de los imputados se ha presentado para ser interrogado. “Nosotros no obstante hemos seguido con la investigación”, afirmó Didi.
