Luego de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica del proyecto de ley denominado: “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial”, la Conferencia del Episcopado de ese país lanzó un extrañamiento, toda vez que las “disposiciones entrañan riesgos para la salud y la seguridad pública”.
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En un comunicado, tras reconocer que los fines del proyecto de ley aprobado tiene su lado positivo, al buscar favorecer la salud de la población y promover el desarrollo económico y social en las zonas rurales, también hay contras que deben ser reflexionados.
No hay garantías para la equidad
Respecto del cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo, los obispos consideraron que no existen garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales.
Y es que –señalan– no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas, y por el contrario, la producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas transnacionales.
A decir de los obispos, tampoco parece que la generación de empleo sea significativa, y en términos ambientales, los monocultivos tendrían implicaciones, “al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de plagas”.
Los riesgos en la producción
Por otra parte, dada la similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, los obispos advirtieron también que la cantidad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo complicará el control de las plantaciones ilícitas de la segunda.
“Esto ya ocurre en otros países, y es altamente probable en el nuestro, teniendo en cuenta la gran actividad de quienes hoy realizan este cultivo de manera delictiva“.
En este sentido, opinaron que un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, lo cual es “factible” en Costa Rica, ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente.
En ese país, la edad media de inicio en el consumo de marihuana ha ido descendiendo desde el año 2012, llegando a 13.4 años en el 2018.
Llamado a la reflexión seria
Los obispos de Costa Rica –encabezados por José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada– pidieron a la Asamblea Legislativa y al poder Ejecutivo –que apoya parcialmente el proyecto– atender la recomendación hecha por la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, así como verificar la posible incompatibilidad de los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo con prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país en esta materia.
“El conjunto de estas y otras consideraciones nos mueve a solicitar respetuosamente a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una verdadera reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de Ley aprobado en su fase legislativa, al bien de toda la población nacional”, señalaron.
Y en caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo –concluyeron– deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta actividad.
