Janeth Márquez: “La incorporación de niños y adolescentes a bandas de crimen organizado aumenta en Venezuela”

31/01/2022 | Vida Nueva

La directora de Cáritas Venezuela habla en esta entrevista del Examen Periódico Universal en Derechos Humanos al que se sometió el país el 25 de enero y cuyos resultados se conocerán las próximas semanas

Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, habla con motivo del Examen Periódico Universal en Derechos Humanos al que se sometió Venezuela el 25 de enero en Ginebra con el fin de brindar información de primera mano a los Estados que deseen participar como evaluadores. Los resultados serán publicados por Naciones Unidas en las próximas semanas. La socióloga denuncia en esta entrevista, facilitada a Vida Nueva por Cáritas Española, que “se ha incrementado sostenidamente la incorporación de niños y adolescentes a bandas de crimen organizado”.

Cáritas Venezuela –que atiende cada año a 844.000 personas–, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, elaboraron la semana pasada una serie de demandas en relación a la vulneración del Derecho a la Alimentación que sufre desde hace varios años la población. Y es que 9 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. Entre esas demandas, la entidad pide la visita de un relator en materia de Seguridad Alimentaria.

PREGUNTA.- ¿Qué espera Cáritas Venezuela de este Examen Periódico Universal (EPU) al que se enfrenta el país estos días en Ginebra?

RESPUESTA.- El Examen Periódico Universal ofrece una oportunidad valiosa para revisar la situación de Derechos Humanos en Venezuela, para hacer un balance del cumplimiento de las recomendaciones recibidas por el Estado en el período anterior y para ratificar prioridades y compromisos en materia de derechos Humanos.

Es un espacio legítimo y provechoso para hacer visible el trabajo riguroso de documentación que realizan víctimas de violaciones de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de Derechos Humanos, y para que Estados pares, mecanismos y agencias internacionales abocadas a esta misión, y el propio Estado venezolano, identifiquen áreas para mejorar. Como espacio de denuncia que recoge testimonios, el EPU reivindica la necesidad de ser escuchados y contribuye así a la reparación y la reconciliación.

Esperamos que las recomendaciones sean tomadas en consideración y que se definan a partir de ellas rutas para retomar las garantías de realización de los Derechos Humanos vulnerados y para mantener las medidas en las que ya se hicieron avances.

P.- ¿Ha habido algún avance en el país desde la evaluación llevaba a cabo en el año 2016?

R.- En materia de Derecho a la Alimentación, se registró en el período la derogación de regulaciones específicas que resultaban muy regresivas en cuanto al derecho a las libertades económicas de los actores del Sistema Alimentario Venezolano y se flexibilizaron medidas fiscales para facilitar la importación de insumos alimentarios terminados e intermedios para la producción. Esto resultó en una expansión de la oferta alimentaria a la población general y en un incremento leve de la producción.

Estas mejoras no han tenido un impacto efectivo en la alimentación de los ciudadanos dados los grandes desequilibrios económicos que han conducido a una pérdida del valor de la moneda, a la dolarización de facto sin que el grueso de la población tenga acceso a divisas y a la inflación continuada. Es una oferta alimentaria insuficiente, suntuosa e inaccesible al grueso de la población y que tampoco se refleja en mejoras en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para la protección de la población en situación de dependencia.

Se apunta también como avance la asignación al país de un equipo de representación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

P.- ¿Cómo está afectando a la infancia la crisis humanitaria que asola a la población?

R.- La crisis humanitaria persistente ha menoscabado todos los pilares sobre los que se sostiene el bienestar de la primera infancia (alimentación, cuidado y salud).

Los impactos indirectos han sido sobre el desgaste de los medios de vida y de la integridad del hogar de las familias de las cuales depende su cuidado. Las familias más empobrecidas del país, después de 5 o más años de privaciones, han agotado sus medios de vida, están sobreviviendo con remesas o ingresos de economías irregulares, informales y muchas veces ilícitas o se han fragmentado para migrar.

Los niños de los estratos más empobrecidos están creciendo en hogares fragmentados por la migración (categorizados como la “infancia dejada atrás”) o están ellos mismos migrando solos en situación de desprotección.

Estos niños han visto afectada su educación por el cierre de las escuelas a causa de la pandemia, pero especialmente por la emigración masiva de maestros que ha derivado en un desmantelamiento profundo del sistema educativo.

En materia de salud mental se ha incrementado sostenidamente la incorporación de niños y adolescentes a bandas de crimen organizado o grupos armados irregulares, se ha incrementado también el número de niños afectados por la violencia extrema y de asesinatos por la actuación de cuerpos armados oficiales. El incremento de suicidios y de consultas por esta causa y otros trastornos de salud mental en niñas, niños y adolescentes ha sido registrado por los observatorios de la niñez.

En materia de alimentación, los programas oficiales de protección social continúan sin tener una orientación infantil y la atención sanitaria en materia de salud y nutrición materno infantil continua en condiciones precarias. En su Sistema de Monitoreo de la Desnutrición Aguda, Cáritas de Venezuela sigue registrando prevalencias de desnutrición grave consistentes con los umbrales internacionales de una crisis de salud pública en la mayoría de las parroquias más pobres del país. La inseguridad alimentaria familiar subyace a esta desnutrición, junto con el deterioro sostenido del acceso a servicios básicos de agua potable, electricidad y gas doméstico. La dotación de los centros de salud oficiales para inmunizaciones, control de niños sanos e identificación y tratamiento oportuno de la desnutrición aguda continúa siendo muy precaria.

Retardo del crecimiento infantil

P.- ¿Qué efectos a largo plazo puede tener esta emergencia?

R.- Los efectos a largo plazo sobre la infancia también Cáritas los ha podido evidenciar. Luego de monitorear el estado nutricional por 5 años, Cáritas ha evidenciado que las privaciones iniciales desde el 2014 ya comenzaron a tener un efecto acumulado, no solo sobre el estado nutricional reciente con sus daños reversibles, sino sobre el crecimiento de los niños. La proporción de niños que llegan a Cáritas ya con su crecimiento retardado se ha incrementado desde un 20% aproximadamente en el 2016 a 34% en el 2021. Esto es, más de un tercio de los niños que acuden al programa de Cáritas ya llegan (y se dan de alta) con un retardo del crecimiento que es irreversible, dada su incidencia en edades muy tempranas, incluso antes de nacer. Son niños, los más grandes, que acumulan hasta tres ingresos en el programa por desnutrición aguda, y que a pesar de ser atendidos hasta su recuperación vuelven a un hogar en condiciones precarias de alimentación y de servicios públicos y sanitarios.

En términos de la población general, lo prolongado de la crisis ha conducido a un agotamiento de los medios de vida familiar que a su vez se traducen en niveles masivos de emigración, de desplazamiento interno en el propio país en búsqueda de mejores servicios y de medios de vida rentables, muchos vinculados a economías ilegales relacionadas con la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando. Una crisis prolongada que ha llevado a las familias venezolanas más empobrecidas a incurrir en mecanismos muy irregulares de sobrevivencia que son un riesgo para la integridad y los valores de subsistencia.

P.- ¿Cómo valora el papel que está jugando la sociedad civil venezolana en la respuesta a las necesidades de las personas? ¿Y en la reconstrucción social-cohesión social, reconciliación entre las personas?

R.- La sociedad civil venezolana ha tenido en esta crisis un rol esencial que, en muchas de sus aristas, ha llenado vacíos que ha dejado el propio Estado. Ha sido una sociedad civil activa en:

Generar información sobre la situación de las necesidades humanitarias y de los Derechos Humanos, en muchas áreas en las que el Estado ha dejado y mantiene un vacío de información. Esto ha contribuido a mantener la visibilidad de la crisis de Venezuela a nivel nacional e internacional.
Brindar asistencia humanitaria en todos los sectores. Esto lo ha hecho en forma directa y autogestionada, pero también como cuerpo implementador de proyectos de la cooperación internacional que abrió sus mecanismos de respuesta a la crisis del país en el 2018.
Documentar, divulga e interpelar las graves violaciones a los Derechos Humanos y ejerce la representación del país en los mecanismos internacionales para su defensa.
Organizar foros cívicos de debate y propuesta alcanzando a facilitar posiciones y contrapesos en los asuntos y diálogos políticos con los que se trata de buscar soluciones a la crisis.
Hacer auditoría social de las acciones públicas y privadas en materia de protección social.
Abogar por las libertades individuales y colectivas y por mantener el hilo de la memoria histórica en los procesos de búsqueda de justicia, reparación y reconciliación nacional.

P.- Cáritas Venezuela participa en plataformas/redes de organizaciones, ¿en cuáles? ¿Cuáles son los elementos que aglutinan a las diferentes organizaciones (civiles y religiosas)?

R.- Cáritas Venezuela es organización fundadora e integrante del equipo coordinador de la Plataforma de Acción Humanitaria de Organizaciones Nacionales –PAHNAL–, desde donde se mantiene un conjunto de acciones coordinadas de complementariedad programática, de representación y de incidencia en favor de las poblaciones más vulnerables y del crecimiento y la integridad del tejido social en Venezuela.

Cáritas forma parte también de plataformas en estos ejes a nivel nacional y regional:

Red de Acción Social de la Iglesia, con un amplio énfasis en acciones por la construcción de la paz
Red CLAMOR: Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas.
REPAM: Red Eclesial Panamazónica para la articulación de la iglesia católica presente en la Amazonía en la promoción de los derechos humanos, alternativas al desarrollo, comunicación, investigación y búsqueda del bienestar integral de las poblaciones locales, especialmente las poblaciones indígenas.
Foro Por La Vida: organización de largo historial para la coordinación en favor de acciones de defensa de los Derechos Humanos.

En coordinación con Justicia y Paz

P.- ¿Qué medidas ha puesto en marcha Cáritas Venezuela en este tiempo?

R.- En materia de acción humanitaria Cáritas ha enfocado su asistencia en las áreas de supervivencia infantil (programa de protección nutricional SAMAN, en el área de movilidad humana segura y en los aspectos de coordinación, representación y fortalecimiento del cuerpo humanitario del país).

Estas acciones representan una expansión de las actividades habituales que incluyen, además, las actividades de la pastoral penitenciaria y de las acciones en favor de la defensa de los Derechos Humanos en coordinación con la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela.

P.- ¿Qué posibilidades creéis que hay de que un relator del Derecho a la Alimentación visite el país tal como figura en vuestras recomendaciones?

R.- Las visitas oficiales de reconocimiento y documentación por parte de relatores de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos están bloqueadas, a menos que estas sean solicitadas por el propio Estado. En este sentido el Estado solo ha facilitado la invitación al país de la Relatora sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

La visita del relator del Derecho a la Alimentación serviría para reunir y verificar evidencias e impulsar compromisos en las mejoras a la situación del Derecho a la Alimentación en el país. Una alternativa para concretarla, dada las pocas posibilidades de que el gobierno lo haga por sí mismo, es que el relator no venga con términos de referencia propios de una relatoría, sino como una visita de carácter académico que no concluya en diagnósticos y recomendaciones, sino que se enfoque en promover directrices para el cumplimiento de las obligaciones en torno a este Derecho.