Para el gremio, las propiedades del informe de la Conferencia Episcopal Española están “correctamente inscritas” y la institución obró conforme a la ley
La Conferencia Episcopal Española ha publicado en su web el informe entregado al Gobierno tras examinar los bienes inmatriculados mientras la Ley hipotecaría que lo permitía estuvo en vigor. El Colegio de Registradores ha estudiado también los casi 35.000 bienes inmatriculados y para su vicedecano, José Miguel Tabarés, todos están “correctamente inscritas”.
Para Tabarés, en el informe “en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes”, lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad. En declaraciones a Europa Press señala que desde el Colegio han realizado un muestreo sobre el grupo de bienes que a la Iglesia no le constan o los que hay dudas y han concluido que sus titulares son los obispados. “En el informe se hace referencia a una serie de incidencias que surgen del listado que publica el Gobierno; ellos aprecian diversas disparidades con ese informe, pero las inscripciones, en ningún momento se ha puesto en duda que hayan sido realizadas correctamente”, ha explicado.
El Colegio de Registradores especifica que la Iglesia ha aplicado siempre la ley, cumpliendo los trámites existentes entre 1998 y 2015. Y respecto al millar de bienes que presenta alguna duda para los obispos, Tabarés destaca que estas incidencias “en ningún caso implican por sí mismas que la titularidad no sea de la Iglesia sino que tienen que investigar más ellos en su propia documentación la identificación de las fincas o quién llevó la documentación al registro”. Así lo ha comprobado el propio Colegio haciendo un muestreo entre aquellas propiedades a la que a la Iglesia no le consta su inmatriculación o de los que faltan datos.
“Se hace referencia a un número de bienes que no les consta en su documentación, lo cual no quiere decir que esas inscripciones se hubieran practicado sin que se aportase esa documentación, de hecho hemos hecho un pequeño muestreo entre los bienes identificados y hemos comprobado que en las inscripciones consta quién expidió la certificación, en qué fecha, qué documentación acompañó, con lo cual, se puede haber traspapelado esa información dentro de los obispados y es posible que no les conste pero eso no quita para que la inscripción esté practicada adecuadamente y a nombre del propio obispado”, detalló Tabarés. El Gobierno sí habría errado al incluir algunos bienes de otras confesiones religiosas y si hubiera alguna disputa sobre cualquier bien sería un tema judicial.