Un grupo de unas 40 asociaciones de padres y sindicatos han avalado la campaña ‘Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela’. Una iniciativa que se lleva realizando de forma puntual desde 2002 y que pide al Gobierno la derogación de los Acuerdos entre el estado español y el Vaticano en materia educativa para que no se oferte la asignatura de Religión en los centros educativos españoles.
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En su manifiesto, loa firmantes reclaman el fin de estos acuerdos internacionales porque, según indican, constituyen la “base legal de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo”, según recoge Europa Press. Para dicha entidades, se habría producido por parte de las familias un “progresivo rechazo social y político a sus contenidos”, a los que califican de “antidemocráticos”.
Hacia la plena laicidad
La petición precisa que no se refiere solo a los acuerdos respectivo a la Religión Católica, sino que se extiende a todas las confesiones religiosas con las que el Estado ha llegado a acuerdos similares para que se impartan a aquellos alumnos que la eligen. Las asociaciones exigen que se garantice la “plena laicidad de la enseñanza”, mediante la expulsión de “la religión confesional de la Enseñanza” y esto “de forma inmediata”, ya que, consideran, se está financiando con dinero público el “adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar”.
Sobre la situación actual, con la Ley Celaà, la Lomloe, en vigor, lamentan que no se haya producido dicha expulsión y muestran su preocupación de que la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos se imparta en los centros católicos en sintonía con su ideario propio. Las entidades se comprometen a reclamar que las Comunidades Autónomas no establezcan una materia alternativa a la asignatura confesional y a defender la escuela pública. Y es que, denuncian, “se siguen desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica”, que segrega a los alumnos por motivos económicos y sociales, acusan.
