En la mañana de hoy el administrador diocesano de Iquique, Guillermo Fajardo, ha dado a conocer su preocupación por “la crisis migratoria que se sigue arrastrando y no encuentra un cauce adecuado de solución”.
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En su declaración llama, en especial a las autoridades, “a insistir en una actitud de diálogo fecundo y crear instancias transversales para ello y así lograr responder de manera mancomunada y humanitaria a la actual migración”. “Es de suma urgencia no seguir aplazando soluciones reales que tengan presente el bien común y el respaldo de todos para una sana y ordenada convivencia ciudadana”, agrega.
La ciudad bloqueada
El llamado del Administrador Diocesano ocurre el mismo día que la ciudad ha amanecido bloqueada en sus accesos, con el comercio y servicios cerrados y barricadas en diversos puntos de la ciudad.
El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, apoyó el llamado de los gremios, pidiendo que “se cumpla la ley de cierre de fronteras” y llamó a manifestarse de forma pacífica. “Al no haber control en la frontera, entra cualquier persona y a veces vienen derechamente a delinquir. Muchas vienen a aportar y ellas bienvenidas, pero quienes vienen a delinquir hay que separarlas, identificarlas y devolverlas a su país”, agregó.
Según el alcalde, la solución debe ser regional y no local. “El Gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra y cada vez que pasa esto, se acerca un ministro, arma un montaje de televisión y se va al ministerio. Tuvimos que llegar a la Suprema para proteger la vida de los iquiqueños. ¿Cómo es que un alcalde tiene que presentar un recurso de protección contra el Gobierno para proteger a los iquiqueños?”, acusó el Alcalde. “Hemos perdido un año y medio en esto, tratando de que el Gobierno entienda que debe reconocer el problema y abordarlo no solamente desde una perspectiva sanitaria. Al no haber Estado, el que toma control es el crimen organizado”, concluyó.
Aumenta la delincuencia
Soria también señaló que el ataque a carabineros durante la semana pasada “fue la gota que rebalsó el vaso”, lo que se suma al secuestro y asesinato de Nelson Murúa de 67 años, ocurrido a principios del mes de enero.
El Alcalde se refería a la agresión de cuatro personas, de nacionalidad venezolana, a dos carabineros, durante una inspección por drogas. Uno de ellos golpeó a uno de los policías en la cara provocándole una fractura. Los cuatro fueron detenidos.
Ese hecho se sumó al secuestro con homicidio, el 6 de enero, del comerciante Nelson Murúa Páez, de 67 años. En este delito fue detenida una pareja de jóvenes de nacionalidad venezolana que habrían ingresado por paso no habilitado. Mientras tenían secuestrado a Páez pidieron una alta cantidad de dinero por su rescate, lo que no se pudo concretar. El cuerpo fue encontrado sin vida días después. Hay tres detenidos por ese hecho.
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, acusó una “permeabilidad” de la frontera y la existencia de una migración “masiva y totalmente descontrolada” que han modificado “inevitablemente la criminalidad que conocíamos, con el surgimiento de organizaciones y bandas criminales extremadamente violentas”.
El persecutor dio cuenta de que en 2021 aumentaron los homicidios (183%), el tráfico de drogas (42%), tráfico de migrantes (501%), porte de arma cortante (124%) y los robos con violencia e intimidación (18%).
El fiscal Arancibia había dicho al diario La Tercera que desde hace unos años se ven crímenes relacionados con ajuste de cuentas, sicariato y defensa de territorio. “Estos hechos son vinculados a bandas criminales de extranjeros (…); lamentablemente, la falta de regulación en el ingreso de personas es una de las causas de estos nuevos crímenes”, afirmó.
Inseguridad en la población
Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, afirmó que los últimos hechos “generan inseguridad en la población”. Para él, la causa de estos crímenes es “el bajo control en las personas que ingresan al país por los pasos no habilitados. Esto es algo que hemos manifestado a las autoridades de gobierno, pero no hay soluciones”, aseguró.
Esa inseguridad en la población mantiene una alta tensión en la ciudad. Ayer domingo, unas 6 mil personas se manifestaron contra la migración irregular, el alza de la delincuencia y la inseguridad. La convocatoria se concentró en el sector céntrico de la ciudad, con manifestantes que llevaban pancartas alusivas y banderas chilenas. Aunque la marcha fue custodiada por carabineros, se registraron algunos incidentes tales como destrucción de carpas, ropa e insumos de inmigrantes, frente a la inacción de la fuerza policial.
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile emitió un comunicado expresando que “el fracaso de la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, reviste una severa situación de implicaciones humanitarias, que a su vez genera un riesgo tanto para el orden público, como para el clima social y político necesario para avanzar en las transformaciones que el país espera del nuevo gobierno y del proceso constituyente”.
Atropello a derechos humanos
Agrega que “estamos así, ante un escenario de crispación con la pésima gestión para una inserción de personas migrantes llegadas recientemente, y con un evidente atropello de los derechos humanos de las personas migrantes, y de habitantes residentes en las ciudades y localidades en las que éstas se están asentando las primeras, de manera precaria”.
La declaración agrega que “las consecuencias de la política anti-inmigrante de Sebastián Piñera, anunciada con el lema “Ordenar la casa” están a la vista: 21 personas muertas en frontera, multiplicación de grupos de migrantes por paso no habilitado, subregistro e invisibilización de las personas migrantes que ingresan en estas condiciones, incapacidad para dar cuenta de la realidad sociodemográfica y migratoria particular de estas personas…”. Agregan que ese contexto va creando “un escenario de violación de los derechos humanos de todas y todos, que además favorece las expresiones de xenofobia, aporofobia y racismo”, añadieron.
Concluyen haciendo un llamado “a las comunidades en Chile que tomen conciencia de la situación y no participen de la reproducción de mensajes que alimenten la xenofobia y la criminalización”.
La población venezolana en Chile llega casi a 500 mil personas, desde 2018 es la mayoritaria en la inmigración reciente. Muchos de ellos ingresan por pasos no habilitados y se mantienen en forma ilegal en ciudades como Iquique donde se instalan en carpas en las calles o en campamentos irregulares como el que sufrió un gigantesco incendio hace pocas semanas dejando centenares de personas, casi todas venezolanas, acogidas en albergues.
