Los obispos participarían en la comisión multilateral antiabusos de Moncloa

No habrá una oposición ni se levantará un muro ante la propuesta del ala socialista del Gobierno para participar en la comisión multilateral capitaneada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para afrontar la crisis de la pederastia eclesial.

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Tal y como ayer filtró Moncloa a El País, los socialistas registrarán en el Congreso una proposición no de Ley en la que encomiendan a Gabilondo elaborar un estudio “con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia”. El objetivo, tal y como reza el texto, sería determinar “hechos y responsabilidades”, reparar a las víctimas y planificar políticas públicas “orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos”. El resultado del trabajo se remitiría a las Cortes y al Gobierno para adoptar “las medidas necesarias”.

Decisión colegiada

En principio, la Conferencia Episcopal Española se mostrará favorable –no sin apostillas–, después de los contactos mantenidos en estos días con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha desvelado él mismo hoy en una entrevista en la cadena Ser.

Eso sí, al tratarse de una cuestión de suma relevancia dado el cariz mediático y político que ha adquirido en las últimas semanas, la decisión tendrá que consensuarse de forma colegiada por los pastores de las 70 diócesis a través de los organismos correspondientes. Véanse la Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva y la Asamblea Plenaria.

Margen estrecho

Lo cierto es que el margen de maniobra con el que se encuentran los obispos es más bien estrecho, teniendo en cuenta la presión creciente de manera vertiginosa, así como de la falta de alternativas al órdago lanzado por Moncloa.

Enrocarse y vetar la fórmula de Moncloa supondría lanzar un mensaje de opacidad a la opinión pública y un argumento más para quienes tachan a la Iglesia de continuar siendo encubridora y cómplice de los casos sucedidos en el pasado. No participar en el equipo de trabajo conllevaría además no poder compartir las medidas de reparación y prevención que sí se están llevando a cabo en el seno de la Iglesia. Un ‘no’ también daría alas a la propuesta de Unidas Podemos de crear una comisión parlamentaria eminentemente política, que el propio PSOE ha advertido de que se convertiría en “un circo”.

Enfados paralelos

Con este panorama, los obispos sí han querido manifestar en público su malestar por la hoja de ruta filtrada por Moncloa para radiografiar la pederastia episcopal. Y lo han hecho, en dos sentidos: por la forma y por el fondo. Por un lado, ayer por la mañana, el secretario general del Episcopado, Luis Argüello publicaba un tuit en el que alertaba de que “cuando la opinión pública es más importante que la verdad” esto se traducía en una confianza resquebrajada. Es más, incluso advertía de cómo “la estrategia del enfrentamiento” desemboca en dificultad para “el diálogo y la convivencia”.

Resulta inevitable vincular estas reflexiones tanto a la filtración en relación a la creación de la comisión como a la reciente decepción por la manipulación del Gobierno del informe de las inmatriculaciones. Los obispos consideran que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no juega limpio y ha quebrado la “necesaria lealtad y confidencialidad institucional” en las relaciones Iglesia-Estado al desvelar esta planificación “exponiendo públicamente a las víctimas”.

En todos los ámbitos

Por otro, desde la Conferencia Episcopal cunde la sensación de que tanto el diario El País como desde el ámbito político se ha abierto una causa general contra la Iglesia, cuando el problema de los abusos a menores afecta a toda la sociedad. Como el propio Bolaños también ha admitido, en estos días los obispos le plantearon elaborar un informe sobre la pederastia en todos los ámbitos, especialmente en la familia, y no detenerse solo en los clérigos, que constituyen, según los diferentes estudios, entre un 0,2% y un 2% del total.

Así lo manifestaba ayer el vicepresidente del Episcopado, el cardenal Carlos Osoro, en ‘El Confidencial’. El arzobispo de Madrid no venía “inconveniente” a llevar a cabo una investigación independiente, pero matizaba: “Desde la verdad y en todos los ámbitos”. O en otras palabras, no solo circunscrito a la Iglesia.