El informe de la Fiscalía sobre los abusos de la Iglesia: 68 causas abiertas en España

Cataluña encabeza el listado con 14 procedimientos abiertos, mientras que en cinco comunidades autónomas no habría tramitación de denuncia alguna

Actualmente hay 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Es el resultado del informe elaborado por la Fiscalía General del Estado después de recopilar los datos facilitados por los tribunales de toda España.

De esta manera, la comunidad autónoma con más diligencias en trámite es Cataluña, con 14 procedimientos en curso, seguida de la Comunidad de Madrid, con ocho casos. Después se encuentran Andalucía y Galicia, con siete procesos; Murcia, con seis; Castilla-La Mancha y Castilla y León, con cinco cada una; País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con cuatro; y Aragón y Canarias, con dos. No han remitido ningún caso desde Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra.

Petición de Moncloa

Estos datos responden a la petición que el Gobierno hizo tras hacerse público el caso del escritor Alejandro Palomares que propició una reunión del presidente Pedro Sánchez con las víctimas de la pederastia eclesial. En paralelo al anuncio de una comisión de investigación coordinada por el Defensor del Pueblo, Moncloa solicitó a la fiscal general y ex ministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, que pusiera en marcha esta radiografía a tiempo real para tener una visión global de esta lacra, eso sí, sin contar con los abusos a menores que tienen lugar en otros ámbitos como la familia. Con este punto de vista, Delgado solicitó estos datos de urgencia y, como fuentes de la Fiscalía han admitido, con el objetivo añadido de generar “un efecto llamada” para posibilitar otras denuncias.

Con todos estos datos en su poder, la Fiscalía General explica a través de un comunicado que se pondrá manos a la obra para publicar “un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación”. Con este objetivo, recuerda además que “promover la acción de la justicia es el mandato constitucional y el empeño en el trabajo de las fiscalías ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito”.