Una mesa alargada. De esas que huelen a Consejo de Administración con muchos ceros. Lo suficientemente grande para cuadrar desfases anuales entre socios. Lo sorpresivamente estrecha cuando se trata de rendir cuentas ante todos. Máxime cuando un techo abuhardillado y una pandemia, lejos de generar un clima de cercanía, atosigan al personal. Sala empequeñecida, pero ubicación necesaria por el primer mensaje a lanzar: un acto fuera de la sacristía.
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Quizá nadie imaginó que hasta 37 cámaras se plantarían en la madrileña calle Jorge Juan para certificar el volantazo episcopal. Nunca antes –no es una hipérbole facilona– una comparecencia pública eclesial había generado tanto revuelo ni concitado tanto interés mediático en tan poco espacio. Ni la JMJ de Madrid. Ni las manifas de antaño contra el matrimonio gay. Ni con Novell.
Redactores de aquí y de allá –“hola, soy de AFP”, “hola, vengo del Avennire– se hacía hueco enredados entre cables y trípodes. Con tribuna preferente para los tempraneros en sillas con respaldo, taburetes para la masa o de pie para el resto de Israel. Con portátiles, móviles o moleskines cuarteadas del uso. Lo que fuera para levantar acta oficiosa. Reporteros entremezclados con señores encorbatados de la casa. Algún alzacuellos.
El arremolinarse también suma, sin quererlo, como cebo. Olla a presión. Especialmente por el asunto. Pero también por el riesgo de explotar de unos reporteros gráficos que nunca han pasado una cuando se les coloca en un corralito o no se respeta la distancia social, con o sin coronavirus. Sea en un photocall de la pasarela Cibeles o en un posado en Zarzuela.
Cita pública
Pero nada explota. En todo caso, se desinfla. Porque cualquier duda parece disiparse en cuanto toma la palabra Javier Cremades, el anfitrión, presidente y fundador del bufete Cremadres&Calvo-Sotelo. Sea en su intervención de arranque o en el manojo de preguntas de tercer grado sin veto que se agolparon durante largo rato. A su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella. Juntos presentan la auditoría integral independiente que el despacho de abogados capitaneará para indagar sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Diez y media de la mañana del martes 22 de febrero de 2022. Rec. Grabando. Emitiendo en streaming. Mascarillas fuera. “Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia y colaboración con las diócesis, que es una parte insustituible de la investigación”, detalla el letrado en una alocución que sabe a algo más que declaraciones de intenciones.
El propio Cremades define esta cita pública como “insólita” dada “la excepcionalidad del asunto” a tratar, “una cuestión tan delicada como difícil y dolorosa”. Confiesa que para él supone “el asunto más complejo que hemos afrontado hasta la fecha en mi carrera”.
Un paso al frente
“Quiero pedir perdón una vez más a todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen”, entona el purpurado en sus primeras palabras. “Nos duelen todos los abusos en otras instituciones y pediríamos que también se investiguen”, deja caer como una demanda constante de los obispos a la par que manifiesta el interés de la Iglesia por “dar un paso al frente en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación de las víctimas y colaboración con las autoridades, evaluar en positivo y negativo lo que hemos hecho para bien de las víctimas y de la sociedad”. “Las víctimas no son un número, sino un rostro con una persona y una historia”, explica.
Está previsto que el encargo se lleve a cabo en doce meses para conformar una investigación “creíble que sea la verdad de los hechos” y que pretende ser “innovadora, inclusiva y emprendedora”. Se analizarán los casos vinculados al hoy y al ayer, una de las principales reivindicaciones de la opinión pública y la constante reticencia de los pastores, que consideraban una claudicación a los intereses mediáticos.
Eso sí, todavía no se ha detallado cuál será la horquilla histórica de la que se partirá. “Estamos empezando”, insisten tanto Omella como Cremades, que poco antes de su comparecencia firmaron la nota de encargo. En cualquier caso, subrayan que se dará “toda la amplitud necesaria para clarificar tanto los casos del pasado como para incorporar los más exigentes niveles de responsabilidad que impidan la repetición de los abusos en el futuro”.
El gabinete jurídico también se responsabilizará de abrir un cauce independiente para recibir eventuales denuncias y revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto.
“Empezamos de cero”
“Empezamos de cero en esta nueva etapa”, reiteran ambos ante la imposibilidad de bajar a los detalles de la iniciativa y para marcar un antes y un después evitando explicar qué ha precipitado el cambio de posicionamiento mitral de la resistencia y la reacción a la proactividad y los puentes.
El purpurado despeja balones reconociendo que “no es fácil tomar una decisión rápida”: “Lo importante ahora es estar cerca de las víctimas, no solo lamentándonos de lo que no hemos hecho, que es muy propio de los españoles, sino trasladando a la sociedad que podemos y queremos mejorar”. “Lo habremos hecho mejor o peor –reitera–, pero ahora damos un paso nuevo”.
El arzobispo de Barcelona apuntala la colaboración de todas las diócesis a través de las oficinas de atención a víctimas creadas hace dos años, así como de las congregaciones religiosas. “Nos hemos reunido con la CONFER (Conferencia Española de Religiosos) y están de acuerdo”, subraya el purpurado sobre un “caminar juntos” todavía por pulir.
Un equipo abierto
En un principio, serán 18 profesionales del bufete los que inicien este trabajo que durará doce meses, si bien están abiertos a incorporar a “personalidades de la cultura, de la psicología…” para que no quede ningún fleco suelto. A la cabeza de este equipo, los tres socios de la firma: Santiago Calvo-Sotelo, Vicente Conde, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional; y Juan Saavedra, exmagistrado y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo. También participa Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional
