Este martes, 1 de marzo, se retoma el juicio por las irregularidades financieras en la Secretaría de Estado. La 8ª sesión del complejo juicio llega mientras el Vaticano ultima la venta definitiva del polémico edificio de la Sloane Avenue de Londres y con recelos por parte de la defensa del cardenal Angelo Becciu.
- PODCAST: La Iglesia española audita los abusos
- Inscríbete gratis al Congreso ‘Iglesia y Sociedad Democrática: plazas limitadas
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Los abogados de Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, han denunciado que “a día de hoy, después de siete meses de vista, seguimos sin tener una copia completa de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados, en contra de lo que ha declarado hoy el Promotor de Justicia, que debería haberlos puesto a nuestra disposición antes del inicio del juicio como exige la ley”, según ha recogido la agencia Adn Kronos.
“Seguimos reiterando la necesidad de acceder a los documentos en su totalidad como condición mínima de legalidad para practicar un derecho de defensa efectivo, en el marco de un juicio justo y desde luego no para eludir su celebración”, reclaman los letrados que mantienen la “inocencia del cardenal, que es y sigue siendo manifiestamente ajeno a cualquier hipótesis de delito”.
217 millones de euros perdidos
La venta del edificio londinense ha dejado un agujero de 217 millones de euros, cantidad que no ha podido recuperar de su inversión inicial la Secretaría de estado después de haber sido traspasado a Bain Capital. Estos datos han surgido en el juicio donde se puso de manifiesto que, a través de diferentes pagos, se llegaron a abonar 350 millones de euros por el lujoso edificio.
Ahora el juicio deberá seguir decidiendo algunas cuestiones planteadas por las defensas que insisten, en su mayoría, en reclamar la nulidad del juicio. Para ello cuestionan la investigación del Promotor de Justicia o las diferentes formas de funcionar de organismos vaticanos como el IOR –el banco vaticano– o la APSA –Administración del Patrimonio de la Santa Sede–. ¿Podrá superarse este atolladero en el que vive la justicia vaticana?