El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, desveló esta mañana que la Iglesia está acompañando a medio millar víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, tanto desde las diócesis como desde las congregaciones religiosas. Se trata de la primera vez que se recopilan estos datos, amén del mapa encargado al bufete Cremades&Calvo Sotelo.
Argüello hizo referencia a esta cuestión durante la rueda de prensa con motivo de la reunión de la Comisión Permanente de los obispos que se reunió esta semana en Madrid. En concreto, detalló que “conocemos de cerca el drama de 506 personas a las que hemos ofrecido, ofrecemos y ofreceremos reconocimiento y reparación”. En estos casos se incluyen los 251 casos recibidos por el diario El País, algunos conocidos y otros nuevos, detalló Argüello.
De los 506 casos, más de 300 estarían prescritos con 103 victimarios ya fallecidos según expuso el secretario general, que expuso cómo la Iglesia analiza cada caso, a pesar de que no se puedan abordar desde el punto de vista civil. De la misma manera, aclaró que las demandas incluyen a sacerdotes, religiosos y laicos en distintos momentos del último siglo.
En paralelo, Argüello recordó además que la Santa Sede ya notificó un total de 220 casos estudiados a 2020 en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 2021 habrían llegado otros 14 casos nuevos desde el Vaticano, que no significa que se refieran a sucesos de este año. En cualquier caso, aclaró posibles desfases entre unos datos y otros con “cuentas que pueden salir más de una vez”. “Por eso la necesidad de una auditoría”, comentó.
“Queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos”, subrayó Argüello, a la vez que condenó “la permanente sospecha” que podría derivarse de quienes tachan a la Iglesia de ser un “lugar inseguro para niños, adolescentes y jóvenes”.
Además, confirmó que se han abierto 202 oficinas de abusos en la Iglesia española, entre las 60 de los obispados -algunas conjuntas- y las 121 pertenecientes a institutos de vida consagrada, para atención a las víctimas y creación de protocolos de prevención.
Sobre la aprobación de la comisión de abusos del Defensor del Menor por parte del Congreso, explicó que “forman parte de la comisión, a priori, sin saber cuál es la propuesta, sería negativa”. Eso sí, aclaró que sí va a haber un “espíritu de colaboración” que también incluirá la apertura de los archivos eclesiales, si fuera necesario. “Somos los más interesados en que se sepa la verdad”, insistió.
“No podemos negar que, al ser una iniciativa que no aborda a todos los ámbitos de la sociedad, reconociendo la singular responsabilidad moral de la Iglesia, debemos esperar a lo que se nos plantee“, señaló sobre un contacto más o menos inmediato con el propio Ángel Gabilondo.
“Desde la propuesta real que se nos haga, el principio de la real colaboración está en la base misma de la relación entre la Iglesia y la Sociedad Democrática desde el ordenamiento legal vigente”, explicitó. “Hemos de saber el objetivo, propuesta y petición de colaboración”, aclaró.
Al hilo del asunto, aclaró que la proposición no de ley atribuye funciones a la comisión que estarían “fuera de las competencias del Defensor del Pueblo”, como la auditoría a la Iglesia. “La Iglesia no es un poder público, no es una administración pública”, remató.
En cualquier caso, mostró cierta tranquilidad porque finalmente saliera adelante la propuesta del PSOE y PNV y no la promovida por Unidas Podemos, que perseguía una comisión parlamentaria. Para el portavoz de los obispos, esa alternativa llevaría a caer en una “utilización partidista de un asunto de singular gravedad”, convirtiéndose en “un objeto de transacción entre partidos políticos”.
“Deseamos -continuó en su alocución- que lo que se pueda hacer en el seno de la Iglesia para que esta investigación que en un órgano tan importante como el Congreso de los Diputados se centra exclusivamente a la Iglesia, pero que afecta desgraciadamente a muchos ámbitos de la sociedad”.
Por otro lado, el también obispo auxiliar de Valladolid desestimó que en la próxima Asamblea Plenaria de abril los obispos vayan a escuchar a los portavoces de los afectados. “Esto no quiere decir que no queramos escuchar a las víctimas”, apuntó, a la vez que defendió que hay “encuentros con las víctimas ya ha habido en sus diócesis y en esta Casa de la Iglesia”.