Finalmente, el pasado viernes, 11 de marzo, una corte de paz de El Salvador ordenó la busca y captura de Alfredo Cristiani, presidente del país centroamericano de 1989 a 1994, cuando se produjo la matanza de los jesuitas Ignacio Ellacuría y 5 compañero, junto a la cocinera de la comunidad y su hija en 1989. Cristiani se ha dado a la fuga aunque rechaza cualquier acusación.
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La orden judicial se produce tras la ausencia de Cristiani –o cualquier representante suyo– en el proceso iniciado este jueves en un tribunal de Paz. “No me queda más que decretar la detención”, sentenció el juez según recoge la agencia Efe. “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, ha destacado en un comunicado recogido por la misma agencia.
Escasas condenas
En paradero desconocido, el entonces presidente siempre ha sido considerado uno de los autores intelectuales –junto a 12 dirigentes más– de la matanza en la universidad jesuita, aunque hasta ahora los acuerdos de paz o los supuestos juicos no lo habían refrendado claramente. Solo la declaración de inconstitucionalidad, en 2016, de la ley de amnistía de 1993, ha permitido que el proceso llegue de nuevo a los tribunales –algo que se ha producido tras muchos reveses y obstáculos–. Hasta ahora, solo están en la cárcel el coronel Guillermo Benavides, desde 1991, y el ex viceministro de Seguridad, Inocente Montano, gracias a un juicio desarrollado en la Audiencia Nacional de España, por la nacionalidad española de 5 de los jesuitas asesinados.
Cristiani denuncia en su comunicado que “el fiscal general (Rodolfo Delgado) de mala fe y con claro desprecio de la verdad me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento”. Para él, “el asesinato de los padres jesuitas, de Elba y Celina fue un acto espantoso, fue una acto salvaje. Las víctimas de estas y muchas otras atrocidades tienen derecho a la justicia y el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber la verdad, pero la acusación del fiscal general no busca ni justicia ni verdad, busca perjudicar a quien consideran un opositor político inconveniente”. Nuevamente, se retrasa el cierre de esta herida en la historia judicial de El Salvador.
