En la región hay un millón y medio de personas en esta situación, 370.000 más que antes de que comenzara la pandemia
El 22% de la población de la Comunidad de Madrid se encuentra en exclusión social. Es decir, 1 de cada 5 habitantes vive con esta situación, según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid, elaborado por la Fundación Foessa y presentado hoy por Cáritas Madrid en su sede.
La principal conclusión que extrae la entidad eclesial es que la cohesión social en la región ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la pandemia. De hecho, el número de personas en exclusión social se sitúa en 1,5 millones, 370.000 personas más que antes de que irrumpiera el Covid-19. Esto supone 5 puntos más que antes de la pandemia (del 17 % en 2018 al 22% hoy).
Es especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas, según el estudio. Los resultados también indican un aumento de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 2%, que contrasta con el crecimiento del 18% de las rentas de las personas con mayores ingresos. Por tanto, la brecha entre ricos y pobres continúa acentuándose un año más.
El colectivo más numeroso dentro del espacio de la exclusión social es el de los hogares en área urbana encabezados por personas de nacionalidad española. Sin embargo, poniendo el foco en el porcentaje de personas de un colectivo concreto afectadas por la exclusión social, hay hogares con mayor probabilidad de sufrir la exclusión social:
Por el contrario, los hogares con menores probabilidades de exclusión social son aquellos sin miembros menores de 18 años; en los que la persona sustentadora principal tiene estudios superiores y los encabezados por personas de 65 o más años.
La crisis del Covid-19 está erosionando la calidad de las relaciones familiares, vecinales y de comunidad, según alerta Cáritas. Los problemas relacionados con el eje social son los que en términos relativos más han crecido desde 2018. Si entonces afectaban al 5% de la población, ahora afectan al 14%. Supone un aumento del 200% en tres años.
Han aumentado las situaciones de aislamiento y de conflicto social. Estas últimas reflejan un aumento superior al 300% en términos relativos. Las situaciones que más han aumentado han sido las relacionadas con malos tratos, malas relaciones dentro del hogar y embarazos adolescentes. El aumento ha sido aún más pronunciado entre las personas en exclusión social.
“Las medidas de protección social adoptadas por las diferentes Administraciones durante el Covid-19 han evitado una situación que podía haber sido mucho peor que la que la actual, pero no ha sido suficiente. El sistema de protección social debe evitar que las nuevas situaciones de exclusión o su intensificación se transformen en crónicas”, señalan.
Cáritas ha resaltado también el “limitado” desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, que en septiembre de 2021 solo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa. También es preciso llamar la atención sobre la insuficiente adecuación de la Renta Mínima de Inserción tras el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital. “Muchas personas han visto denegada, retirada o reducida la renta mínima por problemas ajenos a su situación. Urge asegurar una correcta compatibilidad entre ambas prestaciones”, afirman.
Cáritas ha lanzado cuatro retos: (1) es necesario garantizar un sistema de salud público de calidad, con especial atención a las personas en exclusión, así como una mayor atención a los problemas de salud mental; (2) es preciso impulsar nuevas políticas frente a la exclusión residencial, que es un problema que no deja de aumentar en la Comunidad; (3) es necesario seguir dando pasos para contrarrestar la brecha digital, pero al mismo tiempo mantener canales de atención presencial para las personas que se quedan fuera; y (4) es importante que la sociedad no mire para otro lado y dar pasos para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades.