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Cáritas reclama ante Naciones Unidas el derecho de los más vulnerables a una vivienda digna

La organización ha intervenido en la sesión de presentación del Informe del Relator Especial de la ONU para una vivienda adecuada





Con motivo de la celebración de la 49º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Cáritas Internationalis y Cáritas Española han sumado esfuerzos para desarrollar una intensa actividad de interlocución en defensa de la no discriminación de las personas más vulnerables en su derecho a una vivienda adecuada y digna.



Por delegación de Cáritas Internationalis, una de las expertas del Equipo de Incidencia de Cáritas Española, Sonia Olea, ha intervenido en la sesión de presentación del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada.

A través de una encuesta a más de 900 personas y familias vulneradas en situación de sin hogar, Cáritas Española ha podido constatar que las situaciones de mayor discriminación que viven estas personas se refieren “sustancialmente a dos ámbitos: el económico, relacionado con su nivel de ingresos, y su aspecto físico o ser inmigrantes”. Durante su intervención, Olea subrayó que “estas dos situaciones hacen que el acceso a la vivienda, empleo y servicios públicos se dificulte en gran medida”.

Nivel de vida adecuado

La representante de la red Cáritas explicó además que el acceso a la vivienda se ha convertido en “la principal situación negativa que enfrentan estas personas, seguido de la necesidad de ingresos a través del derecho al trabajo”. “Ambos derechos”, añade, “están relacionados a su vez con la importancia de gozar de un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud”.

“Son precisamente los derechos humanos anteriormente citados, los que aparecen con mayor fuerza como causas prioritarias que la Administración estatal debería abordar para prevenir la posible vulnerabilidad de los mismos y, por tanto, la mejora de sus condiciones de vida”, apunta.

Olea subrayó que las anteriores situaciones se deben abordar -como recomienda el Informe de la Relatoría presentado ante el Consejo- desde “la efectiva reparación judicial de las víctimas cuando se produce la violación del derecho a la no discriminación en el acceso a una vivienda adecuada”.

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