“Nosotros no confiamos en ese despacho, no es un mediador válido en nuestro caso”. Con estas palabras, la asociación Infancia Robada trasladaba esta tarde su negativa al cardenal Juan José Omella a participar en la auditoría externa encargada por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades&Calvo-Sotelo para abordar la crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
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Tras un encuentro de tres horas en la Casa de la Iglesia con el presidente de los obispos y en nombre de esta plataforma de víctimas, Ana Cristina Cuevas, argumentó la “existencia de intereses contrapuestos” en el despacho de abogados elegido por los obispos, en tanto que el presidente de la entidad, Javier Cremades, pertenece al Opus Dei. No en vano, Cuevas es madre de la víctima del colegio Gaztelueta de Bilbao, propiedad de esta realidad eclesial. “No podemos reconocer su autoridad”, expresó como rostro visible de una de las principales asociaciones de nuestro país que aglutina entre 60 y 80 víctimas.
Apoyo a Gabilondo
A su reunión con Omella, acudieron otros quince asociados a la plataforma. Aglutinando sus inquietudes, Cuevas planteó que “depositamos nuestra confianza en el Defensor del Pueblo”. De hecho, presentó a la comisión que encabezará Ángel Gabilondo como “el modelo adecuado” para abordar una “investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Con esta premisa, solicitaron una “colaboración firme, comprometida y sincera de la Iglesia”.
“De momento no se han comprometido con nada. Omella nos ha dicho que lo va a estudiar y que lo va a hablar directamente con el Papa. Estoy segura de que en el cardenal hay voluntad para cambiar todo esto”, planteó el rostro visible Infancia Robada, que en paralelo no dudó en reconocer la buena disposición del purpurado: “Es una persona cercana y que empatiza. Nos hemos sentido escuchados”.
No negacionista
A renglón seguido, añadió: “Esperamos un acercamiento entre una parte no negacionista de los obispos y la asociación”. Al hilo, recordó que “en las anteriores reuniones no se hizo nada y ahora esperamos un antes y un después”.
En el comunicado leído y elaborado antes de la reunión, Infancia Robada insta a la Iglesia a una nueva “condena rotunda y sin paliativos con un perdón sin excusas”. Además, exigen “justicia, reparación y acompañamiento”, que se materialice en la financiación de terapias “de por vida” y en indemnizaciones por incapacidad laboral.
A su llegada a la sede del Episcopado, el también arzobispo de Barcelona saludó uno a uno a los participantes en la ‘cumbre’, con negativa de alguno de ellos a estrecharle la mano. Al terminar el encuentro, Omella declinó hacer declaraciones, pero sí se despidió de las víctimas ante los medios agradeciéndoles la confianza y su disposición a colaborar.
